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El gobierno italiano decidió reducir los privilegios fiscales de que ha gozado por mucho tiempo la Iglesia católica, que en este país se entrecruza íntimamente con los intereses del Vaticano. Según algunas estimaciones, la obligará a pagar 600 millones de euros anuales –que pueden llegar a mil millones– teniendo en cuenta una revaluación fiscal de los inmuebles de su propiedad.

 

Italia es la patria concreta del catolicismo. Es éste el más grande bastión de la Iglesia universal, que fue el faro espiritual con el que se expandió también el poder terreno de los Papas por Europa y el mundo, a partir del Imperio Romano de la época del emperador Costantino.

 

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En dos mil años, se han acumulado hasta cien mil edificios de propiedad eclesiástica en la península y el pago de los impuestos al presuntamente laico Estado italiano ha sido motivo de hondas polémicas. Primero, los democristianos que gobernaron casi medio siglo, y en los últimos tiempos los gobiernos de Silvio Berlusconi, aseguraron enormes privilegios a la Iglesia, que explican porqué el Papa y el Vaticano han mantenido su alianza con Berlusconi, mirando para otro lado y con ojo benévolo durante estos años pese a la desenvoltura moral de Il Cavalliere y sus festicholas.

 

Ahora las cosas han cambiado . En primer lugar, la Unión Europea consideró que la impunidad impositiva otorgada a la Iglesia católica, una de las más ricas del mundo porque recibe una contribución del ocho por mil sobre el impuesto a los réditos de la mayoría de los italianos, además de las contribuciones voluntarias, era una infracción a las normas comunitarias. Por eso, la UE saludó el gran cambio, afirmando que “constituye un progreso sensible”.

 

El gobierno del premier Mario Monti, que afronta una crisis muy seria, con una recesión que puede llegar al 2% este año y cifras record de desocupación –sobre todo juvenil–, más una deuda pública aplastante del 120% del Producto Bruto Interno, anunció el martes por la noche su decisión de hacer un cambio histórico . De ahora en adelante, sólo las áreas dedicadas el culto religioso no pagarán el impuesto inmobiliario municipal. Todo lo que da rentas a la Iglesia, como los hoteles y casas de reposo, escuelas privadas y otros sectores de ingresos, deberán abonar la tasa como el resto de los ciudadanos.

 

No hubo hasta ahora grandes objeciones a la medida . El presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, cardenal Angelo Bagnasco, dijo que la Iglesia está dispuesta a hacer su parte siempre que las medidas no sean punitivas: “Estamos disponibles, visto que se trata de una ley del Estado, y a la ley se obedece”.

 

El impuesto lo cobran los municipios y es fundamental para su supervivencia en un contexto de crisis, en el que muchos servicios sociales y de transporte local (en Italia no hay líneas privadas) han sido recortados. La asociación de los municipios hizo sus cálculos y estimó que el pago de la tasa aportará unos 600 millones de euros. Pero como además habrá una revalorización fiscal de los inmuebles, el total podría pasar los mil millones de euros.

 

Para la Iglesia representa un golpe económico . Pero la crisis es tan grave que ayuda a mitigar las protestas. Los italianos, por abrumadora mayoría, consideran un acto de justicia que la Iglesia pague el impuesto municipal por los inmuebles no destinados al culto religioso. En un edificio se establecerán las superficies que dividen el sacro y el profano. Por ejemplo, no paga la capilla pero sí el restaurante.

 

El anuncio no modifica el montañoso sistema de ayudas y subsidios que recibe la Iglesia por parte del Estado italiano para sus obras. Pero la novedad causó sensación porque llega en un momento difícil. En el Vaticano se combaten luchas por el poder de resultado incierto y el Papa aparece desconcertado por el descontrol que amenaza su poder, pero que sobre todo pone en peligro la estabilidad de su Secretario de Estado, cardenal Tarcisio Bertone, acusado por las otras facciones conservadoras de ser el principal responsable de los “vulnus” (heridas) que sufren las cumbres vaticanas.

 

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    • By Shinigami

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    • By INURBANO

      Carlos Verón, que en 2010 arrolló a Facundo Serrato en Scalabrini Ortiz y Honduras

       
      Gustavo, el padre de Facundo Serrato hace ocho años espera ver a Carlos Verón en la cárcel. Hace ocho años recorre los despachos de Tribunales, habla con fiscales, se reúne con su abogado, firma escritos, los presenta, vuelve a hablar. Desde hace ocho años pide cárcel, la que a Verón le corresponde después de haber sido condenado a cuatro años y tres meses de prisión por matar a Facundo Serrato. El nene tenía cinco años y fue arrollado mientras cruzaba de la mano de su mamá. “Les advertí que se iba a escapar. No me escucharon. No les importó. ¿Ahora cómo me van a mirar? ¿Qué me van a decir?”, presiona los dedos en el volante.“¿Qué me van a decir?”, repite más fuerte, más alto, con más bronca.
      El 20 de julio de 2010 era martes. Faltaban diez minutos para las siete de la tarde. Carlos Verón manejaba el colectivo de la línea 15 por la avenida Scalabrini Ortiz. Según declararon testigos, tenía la cabeza cubierta con una capucha y, según ampliaron varios pasajeros, estaba alterado. “Quiero llegar temprano a mi casa”, respondió cuando le reclamaron que bajara la velocidad. Así está en el expediente. Donde también figura que, al llegar a la esquina de Honduras y como había mucho tránsito, decidió doblar, desviándose de su recorrido. En rojo.
      En simultáneo, por la senda peatonal y con el semáforo a favor cruzaba Facundo, de la mano de su mamá, Cecilia García Otero, quien además llevaba en brazos a Eugenia Serrato, de seis meses. Salían del pediatra y estaban caminando hacia el trabajo de Gustavo, que quedaba a pocas cuadras.
      Apenas pudieron reaccionar. Cecilia agarró a Facundo del cuello, intentó ir hacia atrás, sintió cómo el colectivo la succionaba y el peso de la rueda derecha sobre su pierna. A Facundo no lo vio más: murió en el acto. Su hija tuvo una fractura de cráneo. Y ella terminó con tal nivel de daño que necesitó 17 cirugías para recuperarse. Sólo fue una reconstrucción física.
      “Llevó cinco años llegar al juicio. Primero me hicieron probar que mi hijo no tuvo la culpa. Después tuve que soportar ver a ese asesino, escuchar su soberbia, tolerar que jamás pidiera perdón. Hice todo lo que me pidieron, aposté a la Justicia y se cagaron en nuestro dolor”, dice y ofrece disculpas por insultar. Dentro del auto detenido en Joaquín V. González y Lascano, Villa del Parque, y con el ruido de las balizas titilando, intenta contenerse. Pero lo arrasan sentimientos para los que no fue educado.
      La primera sentencia contra el colectivero es de diciembre de 2015. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 lo condenó a cuatro años y tres meses de cárcel, y lo inhabilitó para manejar durante ocho años y seis meses. Verón apeló. Pidió incluso otro juicio y alegó, entre otras cosas, que se le había dado demasiada importancia a que Facundo tenía cinco años. Su lógica fue esta: si la víctima hubiese sido mayor, menor era el castigo. La Cámara de Casación rechazó ese y otros argumentos, y confirmó su pena.
      Verón volvió a apelar. Presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema para la revisión de la condena. Durante todo el proceso, recurrió a todos los mecanismos que le ofrecía el sistema para dilatar procesos y aplazar su llegada a la cárcel. Ir a la Corte fue su último instrumento. Ya no le quedaba ninguno, salvo escapar, salir del país.
      Antes, no bien Casación confirmó la pena, Gustavo pidió su detención. Adelantándose a que se la negaran, también solicitó que se lo sometiera al régimen de la tobillera electrónica, al estimar que estaba latente una posible fuga para evitar cumplir la sentencia. Los jueces Julio Báez y Adolfo Calvete -del mismo tribunal que penó al colectivero- respondieron “no”. En noviembre del año pasado se negaron a detenerlo y a ponerle una tobillera.
      “Dijeron que para mandarlo a la cárcel deben esperar la determinación de la Corte. La Corte, a su vez, plantea que el recurso de queja no tiene efectos suspensivos de la sentencia. Lo que significa que el Tribunal no debería esperar para detenerlo”, explicó entonces Germán Liotto, abogado de la familia Serrato. Y en el medio, con la responsabilidad judicial pasando de mano en mano, el colectivero salió este lunes del país por Ezeiza en un vuelo de Aerolíneas Argentinas rumbo a Colombia. Lo hizo sin que nadie lo parara, como uno más, aunque él atropelló y mató a un nene de cinco años, y no cumplió con su castigo.

      Los jueces Julio Báez y Adolfo Calvete, los que se negaron a apresarlo, no le pusieron a Verón restricción para salir del país. Tan solo lo obligaron a presentarse en el Tribunal el primer lunes hábil de cada mes o, en caso de feriado, el martes siguiente. La orden fue bajo apercibimiento, si no cumplía, de ordenar su detención inmediata y derivarlo a una Unidad Penitenciaria. Nada de eso pasó.
      “¿Quién se pone en mis zapatos? Y no me quiero victimizar. Pero pueden imaginar lo que es para mí escuchar que desde mayo no se presenta cuando a mi abogado le dijeron en septiembre que lo hacía; que salió a Colombia; que no saben dónde está; que van a hacer un pedido de captura a Interpol. Me destruyen”, dice Gustavo, se queda en silencio y después repite “me equivoqué”, “me equivoqué”, “me equivoqué”. Pareciera que usa las repeticiones para supurar la carga tóxica que soporta.
      En estos ocho años, no hubo semana en que dejara de visitar la esquina de Scalabrini Ortiz y Honduras, donde su hijo cayó muerto. Ahí puso una estrella amarilla, a la que limpia, repinta y le cuelga flores. También visita en forma frecuente el cementerio. Dice que le hace bien, que lo conecta con Facundo, pero que también tuvo que obligarse a dejar de ir porque hubo un momento en que sentía que se iba a vivir ahí, junto a la lápida.
       
      [Clarin.com]

    • By GutZ

      En este mundo de locos en el que vivimos, donde por un lado escondemos información bajo contraseña, pero por otro utilizamos aplicaciones que permiten que cualquier persona, cual GPS,  ubique nuestra posición en el globo, la paranoia de la inseguridad se acrecienta. Al conectarse a la red existe siempre el peligro de exponernos a personas que, directa o indirectamente, pueden atentar contra nuestra seguridad. Para prevenirlo existe Cocoon.
       

       
      Cocoon es un complemento para Firefox que te permite navegar a través de un servidor proxy. Es decir, navegar desde tu ordenador, pero como si no estuvieras en él. En otras palabras, navegar anónimamente. Además de esta virtud, que no es novedad en el mercado, lo que hace a Cocoon interesante es la combinación de varios elementos que vuelven a la navegación, además de anónima, segura y libre de virus.
      Estas prestaciones casi únicas le permitían gozar de fundamentos suficientes para cobrar por sus servicios. Y con esa filosofía nació Cocoon. No obstante, sus creadores anunciaron que, desde ahora, la aplicación estará disponible de forma gratuita para quien decida utilizarla.
      El problema que encuentran los creadores es la tasa de crecimiento de usuarios asiduos a la aplicación. Eso comentaba Jeff Bermant, co-fundador de Cocoon, en una entrevista en Abril de este año. Desde principios de 2011, cuando se lanzó una beta pública, Cocoon fue instalado por alrededor de unas 4.000 personas.
      A partir de ese momento, 6.000 usuarios más se han hecho con el complemento. Pero pese a ser un interesante número, los creadores quieren experimentar un crecimiento significativamente mayor que ese. “Queremos mejorar la experiencia del usuario en su totalidad”, dice Bermant, y por su tono de voz exponía al precio del producto como principal enemigo para conseguirlo.
       
      https://getcocoon.com/
       
       

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