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La ex empresa Ciccone calcográfica, llamada ahora Compañía de Valores Sudamericana (CVS), puede terminar nuevamente en quiebra, según advirtieron fuentes judiciales a Clarín.

 

De hecho, la semana pasada fue intimada por uno de sus acreedores a cancelar lo que le debe “bajo apercibimiento de quiebra”, según una presentación ingresada en los tribunales comerciales.

 

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La razón esgrimida en los pasillos de los tribunales comerciales es simple. Prácticamente desistida la posibilidad de que sea contratada por la Casa de Moneda para la impresión de 50 millones de billetes de 100 pesos a cambio de 600 millones de pesos, y en la mira de la Justicia penal por presuntos delitos, la firma no tendría clientes ni forma de afrontar las deudas que aún tiene.

 

Sin embargo, la ex Ciccone sigue en funcionamiento –este mes los sueldos se pagaron con atraso– y es un misterio de dónde sale el casi millón de pesos que precisa mensualmente para mantenerse en operaciones.

 

Quien dijo que Ciccone no sería contratada por la Casa de Moneda fue el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, cuando salió a responder públicamente a las acusaciones que lo vinculan con los controlantes de la empresa. Incluso se abrió una causa penal en la que el vicepresidente figura como principal investigado.

 

Y en esta misma línea fue leída en su momento la renuncia de Benigno Vélez al directorio del Banco Central. Vélez había llegado a ese puesto de la mano de Boudou y era quien impulsaba la contratación de la ex Ciccone.

 

Ciccone ya había ido a la quiebra hace un año y medio pero logró salir de ese estado con la aparición de dinero fresco aportado por la misteriosa firma The Old Fund y por London Supply, la empresa que explota el free-shop del aeropuerto de El Calafate, entre otros negocios.

 

En aquel momento, julio de 2010, la quiebra fue levantada con la anuencia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), pese a que poco tiempo antes también había pedido la quiebra de Ciccone, como lo habían hecho otros acreedores.

 

La firma tenía una deuda verificada en su concurso de acreedores por un total de 239 millones de pesos. Ahora, como pasó con el pago de salarios, se habría atrasado en la cancelación de alguna de las cuotas en las que se comprometió a pagar a sus acreedores y uno de ellos la intimó a pagar bajo “apercibimiento de quiebra”, según pudo saber Clarín de fuentes judiciales.

 

Las últimas dos intimaciones de pago que había tenido la firma habían sido en noviembre de 2011, por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y en setiembre de ese mismo año, por una empresa informática.

 

Una intimación similar fue la que hizo a fines de 2009 la propia AFIP, pese a que luego prestó su consentimiento al levantamiento de la quiebra. “Habida cuenta la deuda oportunamente declarada por V.S como verificada e incluida en el pasivo concursal por las sumas de $ 42.875.671,14 con carácter de privilegio general y de $ 16.442.653,74 con carácter quirografario, vengo por el presente escrito a solicitar se intime a la concursada al pago de la misma”, había solicitado a la Justicia la abogada Laura Antola en representación de la AFIP.

 

Sin embargo, siete meses después, con la aparición de The Old Fund, la misma abogada de la AFIP, en otro escrito y aclarando que lo hacía “siguiendo expresas instrucciones de mi mandante, AFIP–DGI”, Antola expresó: “Atento el compromiso asumido por la fallida (Ciccone), mi mandante prest a expresa conformidad, en forma incondicional, con el levantamiento de la quiebra decretada en autos”.

 

El juez del caso, Javier Cosentino, calificó de “llamativo” el cambio de la AFIP, más aún cuando la propia Ciccone había pedido un 2009 un plan de pagos preferencial para su deuda y el organismo conducido por Echegaray se lo negó. Luego de la aparición del misterioso The Old Fund, la AFIP concedió el plan especial de pago a los nuevos dueños de la firma.

 

Mientras tanto, en otros tribunales, la Justicia penal investiga el entramado societario que esconde el nombre de la sociedad The Old Fund. Además, el fiscal Carlos Rivolo analiza la documentación secuestrada en los allanamientos realizados el viernes pasado en la sede de The Old Fund en Puerto Madero y en la casa de la aún esposa del director de la firma, Alejandro Vandenbroele. La mujer, Laura Muñoz, dijo públicamente que su marido es “testaferro” de Boudou.

 

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    • By Shinigami

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    • By INURBANO

      Carlos Verón, que en 2010 arrolló a Facundo Serrato en Scalabrini Ortiz y Honduras

       
      Gustavo, el padre de Facundo Serrato hace ocho años espera ver a Carlos Verón en la cárcel. Hace ocho años recorre los despachos de Tribunales, habla con fiscales, se reúne con su abogado, firma escritos, los presenta, vuelve a hablar. Desde hace ocho años pide cárcel, la que a Verón le corresponde después de haber sido condenado a cuatro años y tres meses de prisión por matar a Facundo Serrato. El nene tenía cinco años y fue arrollado mientras cruzaba de la mano de su mamá. “Les advertí que se iba a escapar. No me escucharon. No les importó. ¿Ahora cómo me van a mirar? ¿Qué me van a decir?”, presiona los dedos en el volante.“¿Qué me van a decir?”, repite más fuerte, más alto, con más bronca.
      El 20 de julio de 2010 era martes. Faltaban diez minutos para las siete de la tarde. Carlos Verón manejaba el colectivo de la línea 15 por la avenida Scalabrini Ortiz. Según declararon testigos, tenía la cabeza cubierta con una capucha y, según ampliaron varios pasajeros, estaba alterado. “Quiero llegar temprano a mi casa”, respondió cuando le reclamaron que bajara la velocidad. Así está en el expediente. Donde también figura que, al llegar a la esquina de Honduras y como había mucho tránsito, decidió doblar, desviándose de su recorrido. En rojo.
      En simultáneo, por la senda peatonal y con el semáforo a favor cruzaba Facundo, de la mano de su mamá, Cecilia García Otero, quien además llevaba en brazos a Eugenia Serrato, de seis meses. Salían del pediatra y estaban caminando hacia el trabajo de Gustavo, que quedaba a pocas cuadras.
      Apenas pudieron reaccionar. Cecilia agarró a Facundo del cuello, intentó ir hacia atrás, sintió cómo el colectivo la succionaba y el peso de la rueda derecha sobre su pierna. A Facundo no lo vio más: murió en el acto. Su hija tuvo una fractura de cráneo. Y ella terminó con tal nivel de daño que necesitó 17 cirugías para recuperarse. Sólo fue una reconstrucción física.
      “Llevó cinco años llegar al juicio. Primero me hicieron probar que mi hijo no tuvo la culpa. Después tuve que soportar ver a ese asesino, escuchar su soberbia, tolerar que jamás pidiera perdón. Hice todo lo que me pidieron, aposté a la Justicia y se cagaron en nuestro dolor”, dice y ofrece disculpas por insultar. Dentro del auto detenido en Joaquín V. González y Lascano, Villa del Parque, y con el ruido de las balizas titilando, intenta contenerse. Pero lo arrasan sentimientos para los que no fue educado.
      La primera sentencia contra el colectivero es de diciembre de 2015. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 lo condenó a cuatro años y tres meses de cárcel, y lo inhabilitó para manejar durante ocho años y seis meses. Verón apeló. Pidió incluso otro juicio y alegó, entre otras cosas, que se le había dado demasiada importancia a que Facundo tenía cinco años. Su lógica fue esta: si la víctima hubiese sido mayor, menor era el castigo. La Cámara de Casación rechazó ese y otros argumentos, y confirmó su pena.
      Verón volvió a apelar. Presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema para la revisión de la condena. Durante todo el proceso, recurrió a todos los mecanismos que le ofrecía el sistema para dilatar procesos y aplazar su llegada a la cárcel. Ir a la Corte fue su último instrumento. Ya no le quedaba ninguno, salvo escapar, salir del país.
      Antes, no bien Casación confirmó la pena, Gustavo pidió su detención. Adelantándose a que se la negaran, también solicitó que se lo sometiera al régimen de la tobillera electrónica, al estimar que estaba latente una posible fuga para evitar cumplir la sentencia. Los jueces Julio Báez y Adolfo Calvete -del mismo tribunal que penó al colectivero- respondieron “no”. En noviembre del año pasado se negaron a detenerlo y a ponerle una tobillera.
      “Dijeron que para mandarlo a la cárcel deben esperar la determinación de la Corte. La Corte, a su vez, plantea que el recurso de queja no tiene efectos suspensivos de la sentencia. Lo que significa que el Tribunal no debería esperar para detenerlo”, explicó entonces Germán Liotto, abogado de la familia Serrato. Y en el medio, con la responsabilidad judicial pasando de mano en mano, el colectivero salió este lunes del país por Ezeiza en un vuelo de Aerolíneas Argentinas rumbo a Colombia. Lo hizo sin que nadie lo parara, como uno más, aunque él atropelló y mató a un nene de cinco años, y no cumplió con su castigo.

      Los jueces Julio Báez y Adolfo Calvete, los que se negaron a apresarlo, no le pusieron a Verón restricción para salir del país. Tan solo lo obligaron a presentarse en el Tribunal el primer lunes hábil de cada mes o, en caso de feriado, el martes siguiente. La orden fue bajo apercibimiento, si no cumplía, de ordenar su detención inmediata y derivarlo a una Unidad Penitenciaria. Nada de eso pasó.
      “¿Quién se pone en mis zapatos? Y no me quiero victimizar. Pero pueden imaginar lo que es para mí escuchar que desde mayo no se presenta cuando a mi abogado le dijeron en septiembre que lo hacía; que salió a Colombia; que no saben dónde está; que van a hacer un pedido de captura a Interpol. Me destruyen”, dice Gustavo, se queda en silencio y después repite “me equivoqué”, “me equivoqué”, “me equivoqué”. Pareciera que usa las repeticiones para supurar la carga tóxica que soporta.
      En estos ocho años, no hubo semana en que dejara de visitar la esquina de Scalabrini Ortiz y Honduras, donde su hijo cayó muerto. Ahí puso una estrella amarilla, a la que limpia, repinta y le cuelga flores. También visita en forma frecuente el cementerio. Dice que le hace bien, que lo conecta con Facundo, pero que también tuvo que obligarse a dejar de ir porque hubo un momento en que sentía que se iba a vivir ahí, junto a la lápida.
       
      [Clarin.com]

    • By GutZ

      En este mundo de locos en el que vivimos, donde por un lado escondemos información bajo contraseña, pero por otro utilizamos aplicaciones que permiten que cualquier persona, cual GPS,  ubique nuestra posición en el globo, la paranoia de la inseguridad se acrecienta. Al conectarse a la red existe siempre el peligro de exponernos a personas que, directa o indirectamente, pueden atentar contra nuestra seguridad. Para prevenirlo existe Cocoon.
       

       
      Cocoon es un complemento para Firefox que te permite navegar a través de un servidor proxy. Es decir, navegar desde tu ordenador, pero como si no estuvieras en él. En otras palabras, navegar anónimamente. Además de esta virtud, que no es novedad en el mercado, lo que hace a Cocoon interesante es la combinación de varios elementos que vuelven a la navegación, además de anónima, segura y libre de virus.
      Estas prestaciones casi únicas le permitían gozar de fundamentos suficientes para cobrar por sus servicios. Y con esa filosofía nació Cocoon. No obstante, sus creadores anunciaron que, desde ahora, la aplicación estará disponible de forma gratuita para quien decida utilizarla.
      El problema que encuentran los creadores es la tasa de crecimiento de usuarios asiduos a la aplicación. Eso comentaba Jeff Bermant, co-fundador de Cocoon, en una entrevista en Abril de este año. Desde principios de 2011, cuando se lanzó una beta pública, Cocoon fue instalado por alrededor de unas 4.000 personas.
      A partir de ese momento, 6.000 usuarios más se han hecho con el complemento. Pero pese a ser un interesante número, los creadores quieren experimentar un crecimiento significativamente mayor que ese. “Queremos mejorar la experiencia del usuario en su totalidad”, dice Bermant, y por su tono de voz exponía al precio del producto como principal enemigo para conseguirlo.
       
      https://getcocoon.com/
       
       

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