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  1. El juez federal Sebastián Casanello entendíó la mecánica rápidamente: en la Villa 31, para llegar a los verdaderos capos de esta situación, solo hay que empezar por los ocupantes. Todo está más organizado de lo que parece. En diciembre de 2013, un grupo de vecinos ingresó a un galpón en la zona de Retiro para tomarlo y vivir allí. El loteo fue sistemático; se trazaron líneas sobre la tierra, tal como lo haría un agrimensor. Siguió una conexión ilegal de luz y las primeras viviendas. Cortar la luz fue una primera reacción de la Policía para llevarlos a la calle. Los ocupantes reaccionaron en protesta; bloquearon las vías del tren Mitre con las mujeres y los chicos. La ocupación duró apenas un mes. Y Casanello comenzó a preguntar, en una causa hoy en pleno desarrollo. Llegó a un presunto ocupante que se convirtió en testigo y que le detalló la toma del galpón por dentro, el reparto de parcelas y sus mecanismos. Al testigo, Casanello le dispuso custodia, un policía de la Comisaría N°46 -con jurisdicción en la zona- de consigna en la puerta de su casilla. No fue una opción tan segura, al parecer. El viernes pasado, por orden de Casanello, la división Asuntos Internos de la Policía Federal allanó la 46 bajo la sospecha de que un cabo primero, el mismo que debía cuidar al testigo, lo habría amenazado con insultos y piedrazos. Se incautaron tres celulares de su pertenencia, su legajo personal y el registro de consignas. Sergio Berni mismo ordenó su pase a disponibilidad "por averiguación de ilícitos cometidos entre los días 12 y 19 del corriente mes", según una alta fuente en la fuerza. Pero las supuestas amenazas del policía, una posible connivencia, eran apenas otro brazo en el sistema. En los últimos años, la Villa 31 se expandió geográfica y matemáticamente. Un cálculo del Gobierno porteño en 2013 publicado por La Nación estimaba más de 35 mil personas en la zona. Un departamento de 20 metros cuadrados en el playón este podía valer 150 mil pesos. En el 67% de las viviendas vive más de una familia. El mapa con nuevos sectores va mutando a la par de los desalojos: el de la Villa Nylon a fines del año pasado, a la vera de la autopista Illia pegado a la mano que va a zona Norte, obligó a los vecinos a reubicarse dentro de la misma 31 tras un acuerdo con el GCBA y a cuatro años de la toma del predio. Hay otros aspectos: la villa crece a pesar de una histórica prohibición judicial de ingresar materiales. Fuentes oficiales repiten que hay dos corralones ilegales dentro de la villa, que ni siquiera compiten entre sí dada la voracidad y el tamaño del mercado y donde un ladrillo hueco sale más caro que en Palermo. Esto no es nuevo: el Gobierno clausuró en 2008 una hormigonera y un galpón de materiales que al poco tiempo volvieron a funcionar. El sistema de ocupación no es una situación anárquica, en cierto punto. Hay reglas negras que controlan esta expansión. Y para la Justicia, hay algunos nombres. El 17 de este mes, la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal a cargo de los jueces Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah confirmó el procesamiento sin prisión preventiva por el delito de usurpación del predio conocido como "manzana 28 bis" a Juan Luis Agüero -suboficial de la Prefectura Naval desde hace más de veinte años-, Cristian Coronel, Yanina Coronel, Marcelo Gutiérrez y Patricia Yampa, todos ellos vecinos de la Villa 31. Fue el juez Casanello mismo quien había dictado procesarlos hace casi un año. En la tensa historia de ocupaciones y desalojos que tuvo la Villa 31 en la última década, éste es un caso testigo. A través de testimonios, el mecanismo mafioso se vuelve evidente. En los últimos años, la Villa 31 se expandió geográfica y matemáticamente. Un cálculo del Gobierno porteño en 2013 estimaba más de 35 mil personas en la zona. En la madrugada del 2 de agosto del 2010 comenzó la ocupación de la intersección de la autopista Illia con la avenida Ramón Castillo, justo sobre las vías del Belgrano Cargas. Este era un punto neurálgico, el acceso ferroviario al puerto para los trenes con granos. Quince casillas fueron construidas en poco tiempo, bloqueando así la entrada. Para la Administración General de Puertos y para la firma operadora del Belgrano Cargas esto era un problema grave: una obra de 45 millones de pesos de inversión se había licitado en ese sector. Un relevamiento posterior del Ministerio de Desarrollo Social detalló treinta grupos familiares, con 107 personas en total. Fue otro vecino de la Villa 31 el que denunció por teléfono a los supuestos organizadores de la toma: tres de los cinco procesados por Casanello aparecen en esa primera lista. Luego, ante la Justicia, ese mismo denunciante aseguró, según la transcripción, que varios de los procesados lo amenazaban a él y a su familia "por sus denuncias en la Federal": "Me dicen a mí que nos van a matar, que nos van a sacar de la casa, que nos van a linchar", consta en la causa. El denunciante aseguró que "en la Villa 31 existe una organización dedicada a la ocupación de predios vacíos, sin importar si los mismos pertenecen al Estado o a particulares, con el objeto de construir viviendas precarias en algunos casos y de ladrillo en otros, con el fin de alquilar o vender las mismas". Otros tratan de expandirse: el mismo denunciante marcó que una de las procesadas ya tenía una casilla de dos plantas en una manzana aledaña en la villa. Otro referente histórico de la villa hasta declaró que muchos de los ocupantes había acampado en un predio cercano semanas antes y que habían conseguido del Gobierno porteño un predio de diez mil pesos para después dejarlo. Un denunciante aseguró que en la Villa 31 existe una organización dedicada a la ocupación de predios vacíos, sin importar si pertenecen al Estado o a particulares No fue fácil el desalojo posterior. La AGP, según fuentes cercanas a la causa y testimonios de vecinos, una negociación mano a mano con los ocupantes. La Policía enfrentó piedrazos en el predio. Pero en sus fallos, la Justicia hizo una salvedad clave. Los jueces Freiler y Ballestero razonaron: "No puede resultar idéntica la situación de quienes lo hicieron por extrema necesidad o escasez de recursos de la de aquellos que, aprovechándose de esa desesperación, intentaron sacar un rédito económico". Lo que dicen Freiler y Ballestero es un eco de la división taxativa que hizo Casanello en la causa: bajo esta línea, dictó el sobreseimiento de doce ocupantes. Así, dentro de este vacío institucional, se crea una situación de dominio. Casanello, en su procesamiento, habló de "auténticos ghettos donde rige la ley del más fuerte y el retiro del Estado da lugar a la creación de códigos de convivencia propios" y de "una doble victimización: la exclusión de lo público, y por el otro, el sometimiento a un poder arbitrario". Hay formas crueles: algunos vecinos declararon que fueron los mismos vendedores de las tierras usurpadas los que después los echaron por la fuerza. Una de las mujeres sobreseídas declaró que compró una parcela en la 28 bis por 8500 pesos, ante testigos y con un boleto de compraventa. La misma mujer que le vendió el terreno luego quiso recuperarlos bajo la excusa de que le había vendido "muy barato". Así, esta mujer, madre de dos hijos menores, vivió amenazada y en pánico de que la desalojen o le vuelvan a usurpar su casa. Nunca dejó su vivienda sola. Otro de los sobreseídos denunció que uno de los procesados fue y lo amenazó con un arma de fuego al enterarse de que estaba negociando su salida del predio con la AGP.
  2. El juez federal Sebastián Casanello procesó hoy sin prisión preventiva al "valijero" Leonardo Fariña y al financista Federico Elaskar, ex dueño de la financiera SGI, por el delito de lavado de dinero, pudo saber Clarín de fuentes judiciales. Ambos habían sido indagados en junio del año pasado por el escándalo que desencadenó el programa Periodismo para Todos. En tanto, el empresario Lázaro Báez sigue imputado, pero aún no fue indagado. Tampoco su hijo, Martín Báez, dueño de la cuenta de la empresa panameña Teegan, que depositó 1.500.00 dólares en el banco Lombard Odier de Suiza. A Fariña el juez le embargó los bienes por 32 millones de pesos y le prohibió la salida del país. Al ex dueño de SGI, Casanello le aplicó un embargo de hasta 27 millones de pesos. También le prohibió dejar el país y lo obligó a presentarse en el juzgado cada 15 días y a notificar “todo cambio de domicilio y toda circunstancia en virtud de la cual deba ausentarse por más de 24 horas”. En su resolución, de 206 carillas, el magistrado también embargó los bienes de SGI Argentina; de la sociedad Vanquish Capital Group, utilizada por Elaskar para comprar una Ferrari 430 en 300 mil dólares; sobre el departamento donde vivía Fariña con la modelo Karina Jelinek, ubicado en Avenida Del Libertador 2434, piso 23°; y sobre la estancia “El Carrizalejo”, ubicada en Mendoza. Casanello también aplicó embargo preventivo sobre un BMW X6, dominio JMK- 762; sobre una Ferrari, modelo California, dominio INP- 622, y sobre las acciones de las sociedades Andrómeda Corporate Finance S.A. y Diego Sociedad Anónima S.A. La causa se inició en abril del año pasado por una denuncia de la diputada Elisa Carrió, quien recogió la investigación de PPT. Luego de varias idas y vueltas entre varios jueces, la causa quedó radicada en el juzgado de Casanello. El primer requerimiento fiscal, firmado por los fiscales Ramiro González, Carlos Gonella y Omar Orsi, no imputaba a Báez ni a su hijo. Sólo mencionaba unos Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) enviados tardíamente por la UIF. En mayo del año pasado, el fiscal Guillermo Marijuán, amplió el requerimiento de instrucción e imputó a Lázaro Báez, Martín Antonio Báez, Fabián Rossi y el contador Daniel Rodolfo Pérez Gadín. Eso derivó en una serie de allanamientos. Según explicó el juez Casanello, la investigación tenía dos líneas muy marcadas: las operaciones financieras que presuntamente habrían llevado a cabo los Báez junto a Fariña, Elsakar, Rossi y Pérez Gadín para sacar del país unos sesenta millones de dólares, tal como probó el suspendido fiscal Jose María Campagnoli, y las operaciones llevadas a cabo en el mercado local por Fariña y Elaskar. El magistrado optó por la primera. Así lo justificó: “Estas últimas operaciones (las del lavado) constituyen el objeto del presente pronunciamiento, pues son las que motivaron el pedido de indagatoria de la Fiscalía y sólo en torno a ellas se alcanzó el grado de sospecha al que alude el art. 294 del C.P.P. Estas operaciones, a priori, no guardarían relación con aquellas conductas de expatriación de capitales”. En un hecho llamativo, el juez destacó en el fallo los motivos que complicaron, léase demoraron, la investigación. Lo justificó por la repercusión mediática del caso. Casanello explicó que el lavado de dinero “exige contar con una premisa: el origen delictivo de esos activos”. Esto es, si provienen del narcotráfico, de hechos de corrupción, u otros. “La principal dificultad en tanto ésta causa no es derivación de otra donde se haya demostrado, o cuanto menos investigado, ese hecho ilícito precedente, sino que se inició de forma autónoma a partir de una denuncia que se hizo eco del mentado informe periodístico”, escribió el juez. Fuentes judiciales justificaron la lentitud de la investigación. “Si tomábamos otro camino, la causa se caía a los pocos meses en la Cámara Federal”, dijeron a Clarín en Tribunales. El fallo fue festejado en el entorno del empresario patagónico, quien ya venía de sumar una buena noticia en Tribunales: hace apenas dos semanas, el fiscal Marijuán pidió el sobreseimiento de Báez, Pérez Gadín y otros imputados en la causa donde estaban acusados de extorsionar a Elaskar para vender “La Rosadita”. Fariña está detenido en la cárcel de Ezeiza por el delito de evasión agravada a raíz de la compra de un campo en Mendoza por 4 millones de dólares. El juez Manuel Blanco investiga la evasión de 28 millones de pesos en concepto de IVA 2010/2011, Ganancias 2010/2011 y Bienes personales 2010/2011/2012.
  3. La Corte Suprema de Justicia ratificó que el conductor de un auto Audi TT que atropelló a gran velocidad y mató a dos jóvenes que iban en moto por la Avenida Rivadavia, en Floresta, seguirá preso hasta el juicio oral. El máximo tribunal rechazó intervenir en un planteo de la defensa de Lucas Alberto Trasancos, de 35 años, quien está procesado por el delito de "homicidio simple por dolo eventual". El caso ocurrió el 15 de setiembre pasado a las 5.32 de la madrugada, cuando Trasancos conducía su auto de alta gama "a gran velocidad, luego de pasar el semáforo en rojo de la intersección impactando contra la parte lateral izquierda del moto vehículo", según consta en el expediente. Como consecuencia del choque que ocurrió en avenida Rivadavia y Cuenca, murieron Jacobo Ramos, de 21 años, y Viviana Alvarez, de 25. Todas las instancias judiciales que intervinieron siguieron idéntico criterio, y en diciembre pasado la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal, confirmó que Trasancos debía permanecer detenido a la espera del juicio oral y público. Pero la defensa del imputado, quien lleva ya más de seis meses en la cárcel, llegó con su reclamo excarcelatorio hasta la Corte Suprema. En su último acuerdo, el tribunal, con las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay, rechazó la última apelación, lo que en los hechos significa que Trasancos continuará detenido hasta que el expediente sea elevado a un tribunal oral.
  4. La Sala II de la Cámara Federal decidió reabrir una investigación en su contra por enriquecimiento ilícito, tal como había pedido el fiscal Patricio Evers, y apartó al juez Norberto Oyarbide, quien había decidido archivar la investigación apenas con un informe de la Oficina Anticorrupción y luego se negó a la reapertura cuando se destapó el escándalo por su charla telefónica con Liuzzi para detener un allanamiento en la financiera Propyme. La causa quedó en manos del juez Luis Rodríguez, que ya investiga otras causas vinculadas. Para los jueces que integran la Sala II, Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah, la negativa de Oyarbide a reabrir la investigación fue "improcedente y carente de fundamentación", según el fallo al que accedió Clarín. Lo explicaron así: "Improcedente, por cuanto fácil es advertir que ya la inicial denuncia contenía datos concretos y suficientes como para dar impulso a una investigación". Esto es, según una investigación de Perfil.com, que llevó a la Justicia el abogado Ricardo Monner Sans en 2012, Liuzzi incrementó su patrimonio 38 veces entre 2003 y 2011. La denuncia también abarcaba el delito de negociaciones incompatibles. Oyarbide sobreseyó rápidamente a Liuzzi por ese último delito y archivó la parte referida al supuesto enriquecimiento. Luego del escándalo, el fiscal Evers pidió el desarchivo porque su requerimiento de instrucción solo se había concentrado en las negociaciones incompatibles. Oyarbide se negó de manera injustificada. Dijo que "era cosa juzgada". Por eso la Cámara lo apartó y decidió sortear la causa, que finalmente le tocó al juez Luis Rodriguez. A partir de ahora seguramente también quedará en la mira el patrimonio de la mujer de Luizzi, Thaiss Hidalgo, quien además es su jefa de Gabinete. Según reveló Clarín, en 2012, la mujer declaró un aumento patrimonial de un 163% por la compra de un departamento de 139 metros cuadrados, en el piso 42 de una torre de Puerto Madero, que costó más de 600 mil dólares. La mujer arrancó 2012 con $1.171.212 y finalizó con $3.087.019. Además, paga ABL por cuatro cocheras en ese edificio que no figuran en su declaración jurada. Tampoco declaró un departamento en Monroe al 3800 de 70 metros cuadrados, que compartía con su ex marido. Liuzzi también recibió una nueva denuncia a raíz de sus vínculos con la consultora Adconsa, del empresario Gustavo Benvenuto. Clarín reveló que fue contratada por Legal y Técnica desde 2006 hasta la fecha para informatizar el Boletín Oficial, entre otras reparticiones. Solo en 2009, habría ganado más de 29 millones de pesos, según declaró en un balance. La firma de Benvenuto comparte dos socios y el domicilio con una constructora de la mano derecha de Zannini. Los dos amigos -se conocieron jugando golf en el country "Los Lagartos" hace veinte años- además comparten un campo en Mendoza. La causa aún no tiene juez: le tocó a Oyarbide, luego a Ercolini y ahora debe definir la Cámara. A su vez, Liuzzi y Oyarbide ya fueron imputados por el fiscal Ramiro González en la causa que se investiga la comunicación telefónica entre ambos el 19 de diciembre pasado. También se investiga si policías de la DIFOC enviados por Oyarbide y su secretario Carlos Leiva le pidieron coima al dueño de Propyme, Guillermo Greppi. Ambas causas son investigadas por el juez Rodríguez. Clarin.com
  5. El juez federal Norberto Oyarbide sigue dando que hablar. Luego de admitir que suspendió un allanamiento a una "cueva" financiera tras recibir un llamado del segundo del secretario de Legal y Técnico, Carlos Zannini, ahora el excandidato a diputado por el Frente para la Victoria y referente de la agrupación K Carta Abierta, el filósofo Ricardo Forster, definió como "impresentable" el accionar del juez. "Impresentable. No tengo otra palabra que decir", dijo Forster en diálogo con el periodista Santiago Cuneo. Y agregó: "Cuando decimos reforma de la Justicia, hay que hacerlo sin doble sentido y sin caer en una inversión del cinismo. Reformar la Justicia significa que sean jueces que no tengan la discrecionalidad de hacer lo que vienen haciendo sistemáticamente". Días atrás, Oyarbide admitió ante la prensa que entregó un escrito a la Cámara Federal donde reconoció que había frenado un allanamiento que se estaba realizando en una financiera el pasado 19 de diciembre en la Recoleta cuando recibió un llamado del subsecretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Liuzzi. El allanamiento era uno entre otros 20 en una causa en que se investigaba supuesto lavado de dinero. Justificó su proceder diciendo que lo hizo para defender "su buen nombre y honor", ya que los policías Fabio Ascona y Ángel Castro, que participaban del allanamiento, le pidieron al dueño de Propyme – la "cueva" en cuestión – una coima de US$ 300 mil. También dijo que estaban usando su nombre para cometer "tropelías". clarin.com
  6. Los obispos gritaron primero. Ellos no tienen información reservada, pero cosechan las noticias que les llegan a las parroquias o que son susurradas en los oídos de los curas. La Corte Suprema de Justicia, que bramó después, tampoco cuenta con información propia, pero sus miembros leyeron y escucharon con asombro las historias que les contaron los jueces federales del Norte. La Argentina tiene fronteras porosas . La policía parece no existir y la política se pone de perfil ante ese drama. Hasta las encuestas señalan que una importante mayoría social considera muy fácil el acceso a las drogas. Cree en lo que existe. La venta de drogas está liberada de hecho en la Argentina. La política se divierte, entre tanto, con vanos debates. ¿Debe aplicarse en el país un sistema de derribo de aviones? Una parte del Gobierno se manifestó en contra. Otra parte opinó que es una alternativa que debería analizarse. Palabras inútiles. La Argentina no tiene radares en sus fronteras para detectar vuelos clandestinos. Y si los tuvieron, tampoco cuenta con aviones militares para provocar los derribos. Una sonora denuncia de corrupción aparece cada vez que un gobierno anuncia una política de radarización de las fronteras. Es llamativo. ¿No serán denuncias hechas por los que les conviene que el país siga sin radares? La Corte Suprema y la Iglesia le hicieron, además, un favor a la verdad entera. Contaron un relato que abarca a todo el territorio nacional. La propaganda kirchnerista ubicaba el flagelo sólo en Santa Fe y en Córdoba, dos provincias gobernadas por opositores. El diputado camporista Andrés Larroque llegó a culpar al "narcosocialismo" por el conflicto del narcotráfico en Santa Fe. Nunca ningún kirchnerista habló de los estragos de la droga en la provincia de Buenos Aires, en donde está el mayor mercado de consumo nacional, ni en la Capital, en donde la primera responsabilidad es de la Policía Federal. Hace poco el juez federal Julián Ercolini pidió la ayuda de la Policía Metropolitana para comandar un operativo en la villa 31. La investigación previa de la Justicia resultó acertada: encontraron drogas y armas de sofisticados calibres en un lugar recóndito del asentamiento. Detuvieron a 14 personas, todas extranjeras. En cualquier momento del año hay noches en que los fuegos artificiales alumbran esa villa. No son alegrías por fiestas extemporáneas, sino el santo y seña que indica que hay drogas para vender. La Corte puso el acento en el norte del país, mientras la Iglesia se refirió a un drama nacional. Noticia ingrata para el kirchnerismo. Las tres provincias aludidas por el máximo tribunal (Salta, Jujuy y Tucumán) son gobernadas por mandatarios cercanos a la Presidenta. A los jueces les llegó una información que los dejó petrificados. Por el paso Salvador Mazza-Yacuiba, en la frontera de Salta con Bolivia, suelen ingresar los que se llaman, en la jerga del delito, "operativos caravana". Una camioneta cargada hasta el colmo de armas sofisticadas, precisas y devastadoras se coloca a la cabeza de unos 100 automóviles. Una camioneta de las mismas características es ubicada al final, cerrando la caravana. En los autos van las drogas y también el contrabando, que termina, por ejemplo, en La Salada, el ejemplo nacional y popular de Guillermo Moreno. La Gendarmería se hace a un lado. Dice que un batallón podría caer fulminado con una sola ráfaga de tiros de esas letales armas. Otro punto de ingreso importante está en el paso de La Quiaca, en Jujuy. Todas las caravanas terminan en Tucumán, desde donde se distribuyen las cargas a distintos destinos del país. En Tucumán no hay cárceles federales, y las que existen en Salta y Jujuy son viejas e insuficientes. Los convenios con los servicios penitenciarios provinciales no funcionan, porque en esos lugares los presos viven hacinados. Los jueces federales salteños Jorge Vellada y Roberto Loutayf Ranea y los tucumanos Daniel Bejas y Fernando Poviña le pidieron a la Corte que interceda ante el gobierno nacional para la construcción urgente de cárceles. La escasez llegó a tal extremo que un gobierno salteño habilitó containers para alojar (es una manera de decir) a los presos bajo jurisdicción federal. Otro fenómeno sucedió sin que nadie se diera cuenta. Los jefes de los principales carteles de la droga colombianos y mexicanos advirtieron que la Argentina es parecida a un enclave europeo en América latina. Primero enviaron a sus familias y luego mandaron las estructuras de protección de sus familias. Aquí podían vivir cerca de sus familiares, pero en lugares parecidos a la mítica Europa. Esos equipos de custodios descubrieron que ellos también podían independizarse de sus jefes y hacer sus propios negocios en la Argentina con la compraventa de drogas. Empezó no sólo el negocio; también dieron rienda suelta a las guerras entre grupos enfrentados de narcotraficantes. Aparecieron los sicarios, y la Capital y la provincia de Buenos Aires se convirtieron en escenarios habituales de extraños crímenes. Ni las policías ni las justicias locales pudieron esclarecer nunca ninguna matanza. Los gobiernos provinciales ni siquiera saben qué hacían esos extranjeros en el país. Radicarse en la Argentina es un trámite fácil. Los jefes supremos de la droga descubrieron, además, que aquí no sólo sus familias podían vivir cómodamente. También es un país sin muchos problemas para lavar dinero. Y es, al mismo tiempo, un buen productor de insumos químicos necesarios para la elaboración final de muchos estupefacientes. El país se llenó de "cocinas" que producen drogas. Resultado: la Argentina produce, consume y exporta drogas. El gobierno de Cristina Kirchner tiene vacante desde hace meses la Secretaría de Estado que debe combatir el tráfico de drogas (Sedronar): ésa es la importancia que le da a un drama que puede condicionar dramáticamente el futuro inminente de los argentinos. Durante gran parte del gobierno kirchnerista, el tema fue motivo de una dura lucha interna entre el entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández, y el también entonces titular del Sedronar, Juan Ramón Graneros. Fernández batalló para sacarle a Graneros la facultad de autorizar la importación de materia prima (la efedrina, sobre todo) para los productos químicos que se utilizan en la elaboración de las drogas. No lo consiguió. La pelea incluyó hasta un hallazgo de drogas en una camioneta de la oficina de Graneros, que éste denunció como una operación política del ministro Fernández en su contra. Comisarías intervenidas en la provincia de Buenos Aires por sospechas de vínculos con narcotraficantes. Ministros destituidos en Santa Fe y en Córdoba. Gobiernos provinciales que callan. En el Litoral, por ejemplo, ningún gobernante se afligió nunca por sus fronteras, también perforadas por el crimen. El gobierno kirchnerista flotó hasta aquí con el argumento de que las drogas eran un problema exclusivo de Washington. Hasta ahora, cuando en el despacho de los presidentes estallaron el escándalo y su furia. lanacion.com
  7. Namco Bandai presentó los modos de juego del nuevo título de Los Caballeros del Zodíaco, Saint Seiya: Brave Soldiers, entre los cuales nos encontraremos con el Torneo Galáctico, el primer arco argumental de la serie, el cual servirá de modo torneo para poner a ocho jugadores a luchar en rondas clasificatorias mientras un comentarista va narrando las batallas, además de un modo Supervivencia y otro en línea. En este último caso se dividirá el ranking de los jugadores en dos: uno para los personajes normales y otro para los personalizados. A continuación, el nuevo trailer de Saint Seiya: Brave Soldiers: Siguiendo con la modalidad en línea, los rangos que podrán tener los jugadores serán Santos de Bronce, Plata y Oro y para pasar de uno a otro tendremos que derrotar a diez jugadores, aunque si perdemos demasiadas veces también podemos bajar de rango. Saint Seiya: Brave Soldiers comprenderá las sagas del Santuario, Poseidón y Hades y en total tendrá a más de cincuenta personajes jugables. En el trailer se puede ver en combate a dos Santos de Plata, Marin de Águila y Shaina de Ofiuco, además de dos Santos de Bronce, Jabu de Unicornio e Ichi de Hidra. Los dioses gemelos, Thanatos e Hypnos, también hacen su aparición en los Campos Elíseos. Pero eso no es todo ya que además de Los Doce Santos Dorados y Las Marinas de Poseidón, también podremos jugar con las versiones de Afrodita, Death Mask, Shura, Camus, Saga y Shion portando los Sapuri. Los Tres Jueces del Infierno, Radamanthys de Wyvern, Aiacos de Garuda y Minos de Grifo, también dicen presente y para sorpresa de todos el legendario Santo de Plata, Orfeo de Lira, también será un personaje jugable. Dejamos lo mejor para el final con la versión de Seiya portando la armadura divina con la que enfrentó a Hades. Saint Seiya: Brave Soldiers está siendo desarrollado por Namco Bandai y estará disponible exclusivamente para PlayStation 3 a partir del 17 de octubre de 2013 en Japón. La versión para occidente llegará el 22 noviembre de 2013. neoteo.com
  8. La ley sirve para gobernar y disciplinar a los otros, pero la Presidenta está por encima de ella, no la incluye ni la compromete. Ésta es la concepción del poder de Cristina Kirchner, según el reguero de pruebas que dejó en los últimos días. También demostró que no le importa la opinión del Papa, que debió sentir fastidio cuando vio que el oportunismo electoral de la Presidenta fue la respuesta a su cortesía. ¿Desesperación? ¿Arrogancia? Tal vez, una mezcla de las dos cosas. Los Kirchner han demostrado que son indiferentes a las consecuencias de sus actos. ¿Por qué habría desesperación? En la Capital, que es la vidriera política más importante del país, la Presidenta se acerca a una fuerte derrota, según la encuesta de Poliarquía para la nacion. En el mejor de los casos, sólo renovaría uno de los senadores, el que le corresponde a la minoría, de los dos que renuevan, kirchnerista uno y filokirchnerista el otro. Gabriela Michetti se ha consolidado en la cabeza de la preferencia popular; es también la ratificación del liderazgo del macrismo en la Capital. El segundo lugar, ahora en poder de la fórmula cristinista Daniel Filmus-Juan Cabandié, es todavía confuso. Los números de ellos están muy cerca de los de la candidatura a diputado de Elisa Carrió, pero ésta forma parte de una interna, la de UNEN, de la que participan tres fórmulas. En octubre habrá una sola lista por ese espacio. Pero será imposible hacer una suma del total de votos que UNEN consiga el próximo domingo y trasladarla a octubre. No sucederá eso. Pero, ¿qué y cómo ocurrirá? Esa es una pregunta sin respuesta, como tampoco tiene respuesta el interrogante sobre cuánto corte de boleta habrá. ¿Carrió lo acercará a Pino Solanas a su porcentaje de votos, ahora mucho mayor que el del cineasta? ¿Michetti lo llevará a su podio a Sergio Bergman, también lejos ahora de su principal candidata? Algunos de esos enigmas se irán descifrando entre agosto y octubre, no antes. En la provincia de Buenos Aires, que es donde se libran todas las grandes batallas electorales, Sergio Massa lidera claramente la intención de voto, según los principales encuestadores nacionales. Cristina ha convertido la campaña bonaerense en una definitiva opción: Massa o yo, parece decir. Es un error, porque una probable derrota de su candidato, Martín Insaurralde, sería, sobre todo, una derrota presidencial. Un eventual fracaso en un tiempo inoportuno: a Cristina le quedan dos años de gobierno sin posibilidad de reelección. Pero la Presidenta es así: su largo plazo se agota en el próximo fin de semana. El respetado encuestador Hugo Haime, que trabajó constantemente en la provincia de Buenos Aires, entregó el viernes su última medición. La ventaja de Massa está cerca de los ocho puntos. Massa tiene un 35,7% de intención de voto contra un 28 de Insaurralde. Massa habría sumado dos puntos más en los últimos días. El resultado se conoció al final de una semana en la que se instaló la versión de que los dos candidatos estaban virtualmente empatados. En la encuesta de Haime sobresale una conclusión reveladora: Insaurralde (es decir, Cristina) le gana a Massa sólo en los lugares más pobres de la amplia geografía bonaerense y entre los sectores sociales también más pobres. Ni la Presidenta ni su candidato lograron cautivar allí a la clase media. El mapa de la medición describe, con números fríos y elocuentes, una clara división social entre dos candidatos que adscriben a un mismo partido, el peronismo. La desgracia electoral del cristinismo se abatiría también en Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Santa Cruz, el corazón del feudo kirchnerista, donde podría resultar tercero. La Presidenta no sólo se peleó con el gobernador de Santa Cruz; también le entregó a su hijo Máximo la lapicera para escribir la lista de los candidatos. El heredero eligió sólo a sus amigos más fieles de La Cámpora santacruceña. Así les va. Contra la lección de la historia, Cristina cree que se puede gobernar impunemente, según el gusto del que manda. Si hay algo que el Papa no quería, era que lo metieran en el proceso electoral de su país. Pero la Presidenta lo metió. Esa foto robada defraudó a dos jefes de Estado. Al Pontífice, en primer lugar, pero también a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, que invitó con generosidad política a sus colegas latinoamericanos a compartir la visita papal a Río de Janeiro. En el momento de la foto con Insaurralde, el Papa venía de oficiar una misa ante tres millones de personas y de exponer una de sus más importantes homilías. No estaba en condiciones de preguntar a quién saludaba fugazmente en una sala donde se suponía que sólo debían estar los jefes de Estado. Contiene cierta hipocresía la versión posterior de que el uso de esa foto en carteles electorales no fue una decisión de Cristina. Surgió cuando advirtieron que era más la pérdida que el rédito. ¿Para qué lo llevó a Insaurralde a Brasil si no era, precisamente, para sacar provecho electoral de la figura unánimemente querida del Papa? El Papa es también un hombre con instinto político, que sabe distinguir entre la lealtad y el engaño. Ellos dos, Bergoglio y la Presidenta, pueden medir mejor que nadie la distancia que hubo entre ambos durante casi una década. Cristina conoce cómo le costó a ella, además, torcer el giro crítico y ofensivo de su gobierno contra Bergoglio cuando éste fue elegido papa. Hasta el teatro necesita ser verosímil para ser bueno. El problema del cristinismo es que las verdades de su inconsciente suelen salir a flote. En el afiche de aquella foto hurtada hay una frase sugestiva: "No dejen que la esperanza se apague". ¿Cómo? ¿Es que la esperanza en un triunfo de Insaurralde se estaba apagando? ¿No fue ésa la mejor descripción del presentimiento oficial? ¿No es ésa la percepción de una esperanza rota, la razón de la desesperación? En los últimos días, entre las muchas violaciones que Cristina hizo a la veda electoral, dijo que "venía a acompañar" una inauguración. Aclaró que no podía inaugurar nada porque la ley se lo prohíbe. El inconsciente la traicionó otra vez, porque terminó haciendo lo que sabía que no debía hacer. El uso del Estado en la competencia electoral es, quizás, el conflicto que más une al cristinismo argentino con el chavismo venezolano. Las cosas llegaron a tal extremo que la Cámara Nacional Electoral, que es independiente, firmará el martes una sentencia sobre los abusos de la publicidad oficial. Los recursos de los que gobiernan son infinitos, y sus opositores parecen de una conmovedora pobreza. La Presidenta es la única que viola su venerada ley de medios audiovisuales, que establece condiciones muy estrictas para el uso de la cadena nacional de radio y televisión. La última vez que la ordenó fue para defender la designación del cuestionado y polémico general César Milani como jefe del Ejército. ¿Dónde estaba la urgencia o la gravedad del asunto? En ningún lado. El caso Milani era, y sigue siendo, un berenjenal en el que se metió sin que nadie la llamara. Sólo en el rústico país cristinista el director nacional electoral, Alejandro Tullio, puede ser un donante confeso de las anteriores campañas electorales de la Presidenta, según una denuncia pública de Poder Ciudadano. Tullio, que viene del radicalismo, es el árbitro de un partido en una cancha que él mismo inclinó. Sólo en una República ausente un grupo de jueces, los de la sala 1 de la Cámara Federal, puede aprovechar las vísperas electorales para aliviar el proceso judicial de las personas del oficialismo más sospechadas de corrupción, como Ricardo Jaime y los hermanos Schoklender. Si fueran ciertos los argumentos de esa Cámara para apartar a Oyarbide de la investigación del desvío de millonarios recursos del Estado por parte de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, el juez merece un juicio rápido y la destitución por parte del Consejo de la Magistratura. ¿Llegarán a eso? ¿O, acaso, el Gobierno le pidió desprolijidad al juez y luego le pidió a la Cámara, que responde al Gobierno, que sancionara al juez por desprolijo? La Presidenta firma una ley para cambiar la Constitución, cuando ésta le prohíbe hacer algo. Es lo que sucedió con la de mercados de capitales y su reglamentación. Esa nueva disposición le permite designar interventores de hecho (veedores les llama, solapadamente) en empresas donde el Estado tiene un 2% o más de sus acciones. Pero, ¿no es una intervención, acaso, si el veedor tiene el poder de relevar al directorio de una empresa, como lo tiene ahora? Sólo un juez puede intervenir una empresa y la Constitución ordena al Poder Ejecutivo que no se atribuya facultades del Poder Judicial. Cristina se las atribuye. Hay una contradicción evidente en el último recorrido de la Presidenta. Muestra sin disimulos signos de debilidad política, pero al mismo tiempo corrobora que no está dispuesta a respetar ningún límite, ni humano ni divino lanacion.com.ar
  9. La Corte Suprema de Justicia declaró hoy inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura. En un fuerte revés para la presidenta Cristina Kirchner, el Máximo Tribunal se manifestó en contra de la ley impulsada por el oficialismo, que estipula la nueva composición del organismo y la elección por voto popular de sus miembros. Como consecuencia, quedaron invalidadas las elecciones de consejeros (previstas para los próximas primarias, el 11 de agosto), sin perjuicio de que se puedan realizar los comicios para las categorías de senadores y diputados. En un fallo de 67 páginas, la Corte convalidó lo sentenciado por la jueza María Servini de Cubría y declaró inconstitucionales los artículos 2º, 4º, 18 y 30 de la ley 26.855. "Es inválido obligar a los jueces, abogados y académicos a someterse a elecciones populares", determinó el Máximo Tribunal en su sentencia. Además, consideró inconstitucional la nueva composición del Consejo de la Magistratura, que estipula la ley sancionada a instancias de Cristina Kirchner. El fallo fue avalado por seis de los siete miembros de la Corte Suprema, mientras que el juez Raúl Zaffaroni firmó en disidencia. lanacion.com
  10. El fiscal Marcelo Agüero Vera pidió hoy una pena de ocho años de prisión para el ex presidente Carlos Menem por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador y su inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos por 16 años. Menem llegó poco antes de las 10 a los tribunales federales de Comodoro Py. La audiencia se realizó en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de Comodoro Py, ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico 3. El ex mandatario -de 82 años- escuchó sentado en la segunda fila de asientos el dictamen del fiscal y el de la querella, que solicitó una pena de 5 años de cárcel. En marzo, la Cámara de Casación Penal revocó un fallo absolutorio de ese tribunal y condenó al ex presidente Carlos Menem y al ex ministro de Defensa Oscar Camilión por el contrabando agravado de armas. En cambio, los jueces Raúl Madueño, Juan Gemignani y Luis Cabral ratificaron el sobreseimiento del ex asesor y cuñado del presidente Emir Yoma. El TOPE 3 debe decidir ahora qué condena le corresponde al ex presidente y senador en una escala que va de 4 a 12 años de prisión. Si la Corte Suprema deje firma la condena, el Senado deberá decidir si le retira los fueros para que cumpla la condena en el régimen de prisión domiciliaria por tener 82 años. La causa sobre la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia se destapó en marzo de 1995 gracias a una investigación periodística de Clarín. Esta reveló que Fabricaciones Militares entre 1991 y 1995 desvió 6.500 toneladas de armas y municiones a Ecuador y Croacia con destino falso Panamá y Venezuela. Además de Menem y Camilión fueron condenados Sarlenga, la funcionaria de ese organismo, Teresa Irañeta y el traficante de armas Diego Palleros, quien manejó las empresas fantasma uruguayas Hayton Trade y Debrol que sirvieron para hacer los desvíos. También fueron condenados los ex directivos de Fabricaciones Militares Manuel Cornejo Torino, Jorge Antonio Cornejo Torino, Carlos Haroldo Fusari, Carlos Alberto Nuñez, Julio Jesús Sabra, Edberto González De la Vega y Carlos Jorge Franke. En la audiencia de hoy el fiscal pidió 8 años para ex traficante de armas y ex coronel del Ejército Diego Palleros; 7 años para el ex ministro de Defensa y ex canciller en la dictadura, Oscar Camilión; 5 años y medio para el ex directivo de Fabricaciones Militares (FM) Manuel Cornejo Torino; y 5 años para los ex funcionarios de FM Jorge Cornejo Torino, Teresa Irañeta de Canterino, y el ex funcionario de Defensa Carlos Alberto Núñez. clarin.com
  11. Fuentes de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) confirmaron esta noche a LA NACION que la Sala 1 de la Cámara Federal Civil y Comercial de Capital Federal firmó el fallo de segunda instancia sobre la constitucionalidad de los artículos 45 y 161 de la polémica ley de medios, aprobada en octubre de 2009 y reglamentada un año después. "Sabemos que el fallo está pero todavía no hemos sido notificados formalmente. No conocemos el contenido de la sentencia pero en cualquier caso para nosotros es una buena noticia, porque si afirma la constitucionalidad y se confirman los pronunciamientos anteriores permite que el proceso continúe, y si el fallo es en contra de lo que queremos es bueno en el sentido de que la Corte Suprema pueda finalmente intervenir", dijo la fuente de manera extraoficial. Según informó el periodista Jorge Asís en Twitter a las 17, la Cámara habría declarado por unanimidad la inconstitucionalidad de esos artículos, tal como pidió el Grupo Clarín, principal afectado por el nuevo marco regulatorio. Así, la segunda instancia judicial contradice al juez de primera instancia, Horacio Alfonso, que se había inclinado por la constitucionalidad de la norma. Radio Nacional también difundió la información en las redes sociales, donde partidarios y opositores al gobierno se hicieron eco de la novedad. "Por unanimidad la Cámara Civil y Comercial Federal falló en contra de la ley de Medios de la democracia. Pasa a la Corte Suprema", tuiteó ?@laradiopublica, el usuario oficial de la emisora estatal. Esta información, sólo confirmada por fuentes del Gobierno y de manera extraoficial, trasciende en el contexto del tratamiento en el Senado de los primeros proyectos de reforma judicial impulsados por la presidenta Cristina Kirchner, que en un acto realizado esta noche se refirió a las medidas cautelares que frenan las leyes, en referencia velada al caso Clarín. "Con todos los camaristas y jueces que tenemos repartiendo cautelares y declaraciones de inconstitucionalidad, a nadie se le ocurrió en sesenta años declarar inconstitucional un decreto que condena a las amas de casa a no tener vacaciones, ni ninguno de los beneficios que tienen todos los trabajadores", deslizó la jefa de Estado durante ese acto. Otras fuentes a las que accedió LA NACION sostienen que el contenido de la sentencia sería informada recién mañana o la semana próxima.. lanacion.com
  12. Condiciones idénticas a las ofrecidas en los canjes del 2005 y 2010. Con esa estrategia el Gobierno presentó anoche a última hora el plan para pagar a los holdouts ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos. La decisión fue ratificada en una conferencia de prensa hoy por el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, y el ministro y viceministro de Economía ,Hernán Lorenzino y Axel Kicillof, respectivamente. "En el día de ayer presentamos un escrito aclaratorio tendiente a explicar las condiciones en las cuales nuestro país ofrece pagarle a los fondos buitre. Es en condiciones idénticas, a la llevada adelante en el 2010. No implica ninguna baja en los conceptos e ideas de los canjes del 2005 y 2010", señaló Boudou. En ese sentido, el mandatario destacó que "el gobierno de Cristina Kirchner seguirá manteniendo los mismos principios que le permitieron salir de la crisis". Y luego expresó que "no sería equitativo que los fondos buitres tengan un beneficio del 1300 por ciento en cinco años". "Sería un absurdo jurídico realizar un bloqueo a pagos de un país que tiene capacidad y voluntad de pagar", sostuvo Boudou y señaló que "cambiar es volver al 2001" y que tienen muchas "muchas expectativas" sobre el fallo de la Corte de Nueva York Lorenzino, de igual forma, manifestó que el Gobierno "no avala la especulación" y "no va a defraudar al 93% de los acreedores que aceptaron los canjes de deudas". Según explicó, la propuesta presentada es que " los acreedores reciban un paquete igual al que fue ofrecido en el 2010" ya que "ningún otro criterio satisface el trato equitativo" entre ellos. "Esta propuesta tiene en cuenta los saldos vencidos para llevar la deuda al presente, proporciona una compensación justa para el futuro, pero además le da a los demandantes la posibilidad de recibir pagos", señaló. Y finalizó: " Cumple el doble objetivo de la Corte bajo la no discriminación en la prioridad de pago y el trato equitativo". La propuesta La propuesta de la Argentina incluye dos "paquetes": uno contempla el pago de la deuda en bonos Par, más el pago en efectivo de los intereses devengados desde el 31 de diciembre de 2003; la otra opción es la cancelación con bonos Discount (que conlleva una quita), y el pago de intereses con un bono Global 2017. Ambas opciones incluyen el cupón del PBI. El bono Par tiene vencimiento en 2038 y ofrece un interés inicial del 2,5 por ciento, que luego asciende hasta el 5,25. El Discount es un título más "corto", con vencimiento en 2033, conlleva una quita, y ofrece un interés mayor, del 8,28 por ciento anual. La propuesta, elaborada por el Ministerio de Economía y los abogados de Cleary, Gottlieb, Steen Hamilton, el estudio que ha llevado la defensa de la Argentina en la Justicia norteamericana, fue, muy probablemente, la última palabra de la Argentina ante el tribunal antes de que se conozca la decisión final de sus tres jueces. Los magistrados deben decidir si ratifican o no la sentencia del juez Thomas Griesa, quien le ordenó al gobierno nacional pagar a los fondos NML, Aurelius Capital y un grupo de bonistas 1330 millones de dólares en efectivo. El escrito presentado anoche, de 22 páginas, advierte que la Argentina podría llegar a enfrentar en la Justicia reclamos por 43 mil millones de dólares -un monto equivalente al total de las reservas del Banco Central- si la Corte decide ratificar la orden de Griesa del 21 de noviembre de 2012. A fines del año anterior, el gobierno nacional ya había propuesto en otro escrito, dirigido a la Corte, pagarle a los demandantes en las mismas condiciones ofrecidas a los acreedores que canjearon sus bonos en 2005 y 2010. El mes pasado, luego de una audiencia en febrero, la Corte le pidió precisiones.. lanacion.com
  13. La Cámara Federal de Casación Penal revocó un fallo absolutorio del Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 (TOPE 3) y condenó ayer al ex presidente Carlos Menem y al ex ministro de Defensa Oscar Camilión por el contrabando agravado de armas a Ecuador y Croacia. Es la primera vez en la democracia que se condena a un ex presidente elegido por el voto del pueblo. En cambio, los jueces Raúl Madueño, Juan Gemignani y Luis Cabral -integrantes de la sala I de esa Cámara- en un fallo histórico ratificaron el sobreseimiento del ex asesor y cuñado del presidente Emir Yoma. Cabral es el actual presidente de la Asociación de Magistrados. Ahora, el TOPE 3 deberá decidir qué condena le corresponde al ex presidente y senador en una escala que va de 4 a 12 años de prisión. A Menem le queda una instancia de presentar un recurso extraordinario ante la Corte contra esta condena. Y en el que caso que la Corte deje firma la condena, el Senado deberá decidir si le retira los fueros para que cumpla la condena en el régimen de prisión domiciliaria por tener 82 años. La causa sobre la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia se destapó en marzo de 1995 gracias a una investigación periodística de Clarín. Esta reveló que Fabricaciones Militares entre 1991 y 1995 desvió 6.500 toneladas de armas y municiones a Ecuador y Croacia con destino falso Panamá y Venezuela. En un fallo de 237 páginas, Casación determinó que en la causa está suficientemente acreditado que Menem sabía antes de firmar tres decretos del destino real de las armas. Además, indica que “los sucesos solo pudieron acaecer del modo en que lo hicieron con la decisión de la máxima autoridad del poder ejecutivo nacional ”. “Los tres decretos eran de carácter excepcional en términos cuantitativos” y Menem no puede aducir que los firmó sin conocer su contenido, agrega. Además, subraya que pese a las advertencias de la diplomacia se reunió con el presidente de Croacia Franjo Tudjman en 1992 y no con los presidentes de Servia y Eslovenia que estaban en guerra. Destaca que el presidente “es responsable no solamente de hacer cumplir la ley, sino además y centralmente de hacerla cumplir ”. Señala que Menem sabía que Panamá no tenía fuerzas armadas desde la invasión de EE.UU. de 1989 y, sin embargo, le exportaba material bélico. Y que cuando Camilión, al asumir en 1993 en Defensa, quiso echar al interventor de Fabricaciones Militares, Luis Sarlenga, le llegó la orden de Presidencia de dar marcha atrás. Además de Menem y Camilión fueron condenados Sarlenga, la funcionaria de ese organismo, Teresa Irañeta y el traficante de armas Diego Palleros, quien manejó las empresas fantasma uruguayas Hayton Trade y Debrol que sirvieron para hacer los desvíos. También fueron condenados los ex directivos de Fabricaciones Militares Manuel Cornejo Torino, Jorge Antonio Cornejo Torino, Carlos Haroldo Fusari, Carlos Alberto Nuñez, Julio Jesús Sabra, Edberto González De la Vega y Carlos Jorge Franke. En tanto, se ratificó las absoluciones que el Tribunal Nº3 había dictado a favor de Yoma, del ex director del Ministerio de Economía Mauricio Muzi y del ex director de Asuntos Nucleares y Espaciales Desarme de la Cancillería, Enrique Julio de la Torre. En el 2011, Menem y otros 17 acusados habían sido absueltos por el TOPE 3 pero el entonces fiscal Mariano Borinsky apeló la medida y ayer se le dio la razón. clarin.com
  14. La Justicia laboral condenó a Aerolíneas Argentinas por haber dejado sin tareas a un trabajador que no quería jubilarse en forma anticipada. Con 50 años y gracias al régimen especial de los trabajadores aeronáuticos, el empleado fue invitado a jubilarse, pero como lo rechazó, la empresa no le asignó más tareas y por lo tanto se consideró despedido. Si bien la resolución fue tomada a fines de noviembre, el fallo fue difundido en las últimas horas a través del portal Diario Judicial y dispone que la empresa Aerolíneas Argentinas indemnice por despido al ex empleado Eduardo Carlos Pesavento, ya que "se encontraba en condiciones de optar por seguir trabajando y no obligado a acogerse al régimen jubilatorio especial", según indica el fallo. La causa ventiló que existen dos normas en conflicto: una disposición de la Fuerza Aérea del año 2006 que plantea que las líneas aéreas podrán integrar la tripulación con pilotos de hasta 65 años, mientras que hay un decreto de 1968 que establece el derecho de los trabajadores aeronavegantes a jubilarse si tienen 50 años y 30 de servicio. Los argumentos de Aerolíneas Aerolíneas Argentinas señaló que "una disposición normativa de carácter administrativo no resulta de aplicación obligatoria así como tampoco puede modificar un decreto de carácter legal y obligatorio". También consideró "contradictorio el accionar" del trabajador, por entender que "en lugar de solicitar la reinstalación y no aplicación del régimen jubilatorio especial, decidió considerarse despedido por negativa de tareas y reclamar las indemnizaciones". El tribunal entendió que "si bien le asiste razón a la demandada en que se trata de normas de distinta jerarquía, no es menos cierto que las normas en cuestión deben ser interpretadas en el sentido más favorable para el trabajador". En ese sentido, los jueces Graciela González y Miguel Angel Pirolo entendieron que "la facultad del empleador no puede ser utilizada con el régimen especial para obligar al actor" a jubilarse. "El empleador no se encuentra habilitado para utilizar una facultad del régimen general pretendiendo aplicarla al régimen previsional especial del actor, que no lo obliga sino que lo habilita para jubilarse anticipadamente, siempre que sus condiciones psicofísicas lo permitan", señaló el fallo. Para los jueces, la actitud de Aerolíneas Argentinas "de no otorgar tareas al actor invocando lo dispuesto en el decreto 4257/68 no resultó ajustada a derecho", porque el empleado "se encontraba en condiciones de optar por seguir trabajando, y no obligado a acogerse al régimen jubilatorio especial". Rechazar la demanda de indemnización implicaría "otorgar a las aerolíneas la potestad de decidir a su arbitrio qué dependientes deben jubilarse a los 50 años, aún contra la voluntad de éstos y sin causas objetivas que lo justifiquen; y quiénes pueden continuar trabajando hasta los 65 como lo dispone el régimen jubilatorio general", se añadió. Información de DyN.
  15. Quería mejorar el aspectote su abdomen, que exhibía las cicatrices de tres cesáreas. Tras la cirugía, el resultado no fue el que esperaba, entonces demandó al médico por mala praxis, reclamo que la Cámara Civil rechazó. El fallo tomó en cuenta que la paciente, que fue operada en el Hospital Británico, en Barracas, "fue informada de todos los riesgos de los procedimientos que se le realizarían" y prestó su consentimiento a una "pormenorizada explicación" sobre su estado de salud y los riesgos que implicaba la intervención. También se le habían ofrecido alternativas a la cirugía, “incluida la de no hacer nada”. La mujer quería someterse a una intervención para "para mejorar la estética de su abdomen (había tenido tres cesáreas)" y además "presentaba dificultades de aceptación de su esquema corporal que influía negativamente en su autoestima y relación de pareja. Tiene dos hijos en el exterior con quienes no mantiene ningún contacto desde diez años atrás", señala el fallo. Con la información suministrada y el consentimiento prestado por la paciente, los camaristas Elisa Díaz De Vivar, Fernando Posse Saguier y Mabel de los Santos concluyeron que se trataba de "de una persona capaz, más allá de algunos rasgos de su personalidad o estructura psicológica de base". Al desestimar la demanda, los jueces afirmaron que "no se ha demostrado cuál fue el error del médico cirujano” que trabajó sobre una “zona vulnerable” por los antecedentes de la paciente, “quien a pesar de haber tenido la opción de desistir de la cirugía, por ser coqueta y estar pendiente de su aspecto (así lo sostuvieron las testigos que declararon), asumió llevarla a cabo”. clarin.com
  16. La Cámara en lo Civil y Comercial Federal rechazó los planteos del Gobierno y el contrato por el que se vendió el predio ferial a la Sociedad Rural Argentina (SRA) sigue en vigor. En los primeros días de 2013, una medida cautelar de esa misma cámara suspendió el decreto 2552/12 que declaraba nula la venta del predio de Palermo en 1991. En la siguiente semana, el 9 de enero, el Gobierno recusó a todos los jueces de la cámara por su actuación en la causa y pidió que el expediente pasase al fuero en lo Contencioso Administrativo Federal con el argumento de que era competente para resolver cuestiones vinculadas con el Estado. En un fallo que se hizo público hoy, con la firma de los jueces Graciela Medina, Francisco De las Carreras y Ricardo Guarinoni, la Sala de Feria desestimó las recusaciones masivas del Gobierno, el cambio de jurisdicción pedido y la habilitación de la feria para tratar un recurso de apelación. A contrapelo del criterio del Gobierno, la Sala II de la Cámara Civil y Comercial había aceptado la competencia de la causa al considerar que "se trataba de una compraventa de un bien del dominio privado del Estado y que las normas que rigen su resolución son las normas civiles que regulan la materia". clarin.com
  17. "La Asociación Madres de Plaza de Mayo convoca a todos aquellos que todavía creen en la justicia a acompañarnos a las 16.30, después de la marcha en la plaza, a escuchar el discurso que cada jueves las Madres hacemos. Esta vez frente a Tribunales para contar la historia de la injusticia que las Madres sufrimos en carne propia", se informó en un comunicado. El freno a la aplicación de la ley de medios generó días atrás la reacción de la organización que lidera Hebe de Bonafini. "Los jueces que defienden a Clarín creen en la justicia divina. Por eso comenten toda clase de delitos: defienden a hombres como Magnetto, que tiene crímenes de lesa humanidad sobre su cabeza; defienden a grandes corporaciones porque creen en la justicia divina", advirtió semanas atrás la organización. Y agregó: "Las Madres, que la mayoría creemos en la justicia de los hombres, sabemos que algún día, como muchos asesinos de la dictadura, estos jueces que apoyan a Clarín y a Magnetto también estarán en el banquillo de los acusados de la justicia de los hombres". El discurso de Hebe frente a Tribunales llega en el momento más tenso de la relación entre el Gobierno y la Corte Suprema por la causa Clarín. La Casa Rosada acusa al máximo tribunal de favorecer al multimedia en el puja judicial por la ley de medios. En tanto, los jueces hablan de presiones.. lanacion.com
  18. La violación se produjo en 2010, en una precaria casa del humilde barrio de Primera Junta, en Trelew. Fue en la misma pieza y en la misma cama que el pastor compartía con la mamá de la nena. La chica, de 12 años, cursaba el sexto grado en la escuela 173 del barrio Planta de Gas. Las pruebas de ADN también lo incriminaban y no dejaban lugar a dudas . Sin embargo, hace pocos días la Cámara Penal lo liberó con un argumento polémico: “Tiene delirios místicos” , dijeron los jueces, y lo declararon inimputable . Los supuestos “delirios místicos” del pastor tienen su origen en los resultados de una pericia realizada por la psiquiatra forense Carola Luguercho. Lo hicieron propio los abogados defensores. Y después los jueces Mónica Rodríguez y Omar Florencio Minatta lo utilizaron como argumento para la absolución . Un tercer juez, Martín Montenovo, votó en disidencia. Y el fiscal César Zaratiegui, indignado, anticipó que apelará ante el Superior Tribunal de Justicia provincial para revertir el fallo. “Estoy perfectamente convencido de que este hombre sabía lo que hacía ”, le dijo a Clarín . Ante los primeros síntomas del embarazo, la madre pidió en la escuela que la nena no concurriera más a Educación Física. Cuando el embarazo se hizo visible, los tres se mudaron a Paso del Sapo, una localidad de 500 habitantes ubicada en el noroeste de Chubut. Allí vivieron primero en una carpa y después en un edificio que alguna vez perteneció al Automóvil Club Argentino. El aspecto de la nena ya no dejaba dudas. Una tarde, tras un conflicto vecinal, un policía se dio cuenta. Y preguntó si la nena estaba embarazada y quién era el padre . Le contestaron con evasivas. Lo mismo le pasó a la maestra de la escuela cuando hizo la misma pregunta. La menor ya tenía un embarazo de 7 meses . Seguro de estar ante una situación de abuso, el policía comunicó la situación a la Justicia. El pastor, que también trabajaba de albañil, no actuó como un delirante: armó un bolso con ropa, un par de zapatillas y un cepillo de dientes para esperar su arresto . Enseguida le dieron prisión domiciliaria. El bebé (una nena) nació en mayo de este año. Vive con su mamá y su abuela en la misma casita de Paso del Sapo. El pastor, que decía pertenecer a la Iglesia Pentecostal pero no tenía un lugar fijo para predicar, fue llevado a juicio en agosto. No habló durante las audiencias. Pero siempre se presentó pulcro, bien vestido y usando corbata. “Puede tener un trastorno de personalidad, pero no alcanza para perturbar su juicio de la realidad. Este hombre sabía lo que hacía”, señaló el fiscal. Sin embargo, los jueces Minatta y Rodríguez lo definieron de otra manera: “En sus respuestas se basa en cuestiones místicas, asegurando que es un enviado de Dios y que la gente lo llama ‘David’”. Y resaltaron en su fallo el hecho de que sus dos hijos tienen “nombres bíblicos (Gedeón y Abigail) así como su afirmación respecto a que sólo respeta las leyes de Dios, de quien se considera un enviado en la Tierra”. Basándose en el informe de la perito, agregaron que el hombre tiene un delirio sistematizado y que no tiene idea de la realidad . “David” quedó libre el 4 de diciembre. Extrañamente, los jueces que lo absolvieron no dispusieron ningún seguimiento. Hoy camina libremente por las calles de algún lugar de Chubut, porque nadie sabe donde está. Tampoco se ordenó ninguna restricción en cuanto a su acercamiento a la nena. La Fiscalía tiene temor de que reincida . Cuando se enteró del fallo, la chica le expresó a la Justicia de Esquel su temor respecto a que su padrastro volviera para buscarla. Nadie pudo asegurarle nada, porque David se convirtió en un fantasma. Mientras, en Paso del Sapo, hay una nena que ya cumplió 13 años y que no logra superar el trauma, que sufre, tiene miedo y le dijo a una asistente social que la atendió: “No quiero casarme nunca y no pienso tener más bebés” . Clarin.com
  19. El Gobierno confundió el vencimiento , siempre eventual, de una medida cautelar con un estricto plazo legal. Armó una fiesta con esa fantasía. El kirchnerismo podía seguir la huella de esa épica, pero no la Justicia. El resultado amargo de los últimos días fue la constatación definitiva de que el cristinismo ha decidido convertir a los jueces en instrumento de sus apetencias políticas. Un puñado de magistrados, todos pertenecientes al fuero federal en lo Civil y Comercial, fue perseguido, difamado y apartado. Nunca había sucedido semejante ensañamiento con nadie en la democracia argentina, mucho menos con exponentes del Poder Judicial. Algunos jueces carecieron de coraje; otros demostraron que todavía existen en el país reservas de valentía personal. Necesitarán ser valientes. La decisión que tomaron ayer los jueces María Najurieta y Francisco de las Carreras tendrá consecuencias políticas. Cristina Kirchner había depositado en el 7-D la revancha por los cacerolazos del 13-S y del 8-N, y por la huelga general del 20-N. El final de ópera de ayer era innecesario, pero era el final que construyó la propia Presidenta. A matar o morir. Victoria o derrota. El final fue, en efecto, más dramático que el comienzo de todo el proceso. La ley de medios se inició con una exhortación general a la democratización de todos los medios audiovisuales y terminó en una guerra cuerpo a cuerpo con el Grupo Clarín. Terminó empapada por el espíritu que sí tuvieron los dos Kirchner desde que lanzaron esa ley. Algunas lecciones podrían sacarse si se mirara bien lo que pasó. La primera de ellas es que la Corte Suprema de Justicia tiene una importancia fundamental para respaldar o para abandonar a los jueces. En rigor, los camaristas del fuero Civil y Comercial comenzaron a actuar vertiginosamente luego de la última resolución de la Corte, que les indicó la necesidad de que tomaran decisiones. Ni siquiera la Corte le puede decir a un juez cómo debe decidir, pero sí le puede ordenar que actúe. Es lo que hizo. Con ese respaldo explícito, los jueces rechazaron falsas e injustas recusaciones, repusieron en sus funciones a los magistrados naturales del caso y éstos se pusieron a escribir sentencias. Es lo que se espera de la Justicia. Otra lección es que la prepotencia tiene el límite de la dignidad. Cristina se ha rodeado en los años recientes de personas especialmente prepotentes. Algunos lo fueron siempre. Otros no lo fueron nunca, pero se volvieron pendencieros para salvar sus puestos. La Presidenta los quiere a todos arrogantes y barriobajeros. Aplicaron ese sistema para fulminar a un grupo de jueces. Pero, ¿cómo reaccionarían los otros jueces? "O resistíamos o perdíamos nuestra razón de existir", explicó ayer uno de los firmantes del más duro documento que los magistrados hayan firmado contra un gobierno. Reclamaron masivamente por la independencia del Poder Judicial en una clara reacción ante los atropellos recientes. Denunciaron, incluso, las campañas mediáticas de acoso y descalificación de jueces no sólo en medios privados, amigos del Gobierno, sino también en los propios medios estatales. Ese documento lo firman, entre muchos magistrados de todo el país, dos juezas que son miembros de la Corte Suprema de Justicia, Carmen Argibay y Elena Highton de Nolasco. Destaca la presencia de Highton de Nolasco, una prestigiosa jurista con una relativa simpatía por ciertas políticas de Cristina. La firma de Argibay, en cambio, era previsible; ella es, en síntesis, la más perfecta expresión de lo que debe ser un juez independiente de cualquier poder. La dignidad, en efecto, le puso un límite a la prepotencia. El Gobierno había llegado en los últimos días hasta la obscenidad. Dijo públicamente que volvió a recusar a todos los jueces de la Cámara Civil y Comercial porque simplemente intuía que votarían contra los intereses del Gobierno. Fue un caso memorable de autoritarismo: había que matar al juez si el juez no era amigo. Otro miembro de la Corte, Eugenio Zaffaroni, debería reflexionar sobre su destino: ¿quiere ser juez o militante? Una cosa es su cercanía con el Gobierno, que ya es manifiesta, y otra cosa es hacer uso de posición pública para defender discutibles posiciones circunstanciales del oficialismo. Ayer, la misma Cámara que prorrogó la cautelar determinó que, aún cuando el Grupo Clarín perdiera en todas las instancias su planteo de inconstitucionalidad de dos artículos de la ley de medios, luego contará con un año para desinvertir. Era el derecho que no le reconocía el Gobierno y que Zaffaroni avaló de alguna manera cuando el miércoles pasado dijo que hoy se terminarían todos los plazos. No se terminó ninguno, pero él ayudó a la construcción de un vaho triunfalista que concluyó en una derrota. Las óperas necesitan un final de arrebatos, de gritos y de llantos. Es lo que veremos en los próximos días. Las expresiones más duras del cristinismo ya están hablando de un golpe de Estado propinado por la Justicia. Es el recurso habitual del kirchnerismo. Habla de un fantasma que nadie ve. Pero es así. Por mucho menos, porque la Corte no le ordenó a la jueza Sarmiento que dejara de proteger la autonomía de Martín Redrado en el Banco Central, la Presidenta acusó de golpista a la Corte. Esa línea de mayor tensión fraccionará aún más la política. El fanatismo será también más fanático. Hasta que otra guerra se lleve la polvareda de esta guerra. Sin embargo, las cosas están en manos de la Justicia. ¿Cómo seguirá ahí? El Gobierno podrá apelar la decisión de ayer ante la Corte Suprema de Justicia. Es su derecho. Seguramente lo hará. Tiene un problema: las apelaciones de cautelares no suspenden las cautelares. Sólo un pronunciamiento explícito y formal del máximo tribunal de justicia de país podría cambiar la decisión de los jueces Najurieta y De las Carreras. El drama perpetuo es la sustancia del kirchnerismo. El de ayer podría haber sido un simple trámite judicial, destinado a ser revisado por otra instancia. Se ha convertido, en cambio, en el embrión de una segura crisis política Lanacion.com
  20. En un hecho inédito en democracia, el Gobierno recusó a todos los jueces de la Cámara para demorar la causa Presentó hoy un pedido de revocación y vuelve a impugnar la composición de la Cámara Civil y Comercial que debe definir sobre la medida cautelar presentada por el Grupo Clarín. El Máximo Tribunal había ordenado evitar "medidas dilatorias". Esta recusación masiva no tiene antecedentes desde el retorno de la democracia. Entre los jueces cuestionados por la Casa Rosada están Ricardo Recondo, a quien acusan de ser para favorecer a Clarín y Francisco De las Carreras, denunciado por el delito de "dádivas" por el Gobierno. Lo sorprendente es que Recondo no está previsto que intervenga en la causa. Respecto de la jueza Gabriela Medina, la recusación de los abogados del Gobierno señala que su marido, Julio César Rivera, había asesorado al Grupo Clarín Ayer, la Cámara Civil y Comercial Federal había desestimado la recusación presentada por el Estado contra los jueces Francisco de las Carreras y Graciela Medina. Esta maniobra dilatoria -que desobece la indicación del Máximo Tribunal quien había ordenado evitar "medidas dilatorias"- fue efectuada por abogados de la Jefatura de Gabinete. Desde el Gobierno se acusó a De las Carreras de haber viajado a Miami invitado por una organización (CERTAL) a la que le endilgaron estar vinculada con el Grupo Clarín, y por esa razón -sostiene la Jefatura de Gabinete- no debería seguir interviniendo en la causa. Sin embargo, en su resolución de ayer, la Cámara sostuvo que los gastos del viaje a Miami que pagó CERTAL "fueron asumidos por una entidad ajena al litigio", al tiempo que precisó que "ninguna relación tuvo el magistrado ni directa ni indirectamente con el Grupo Clarín". También señaló que de las Carreras pidió autorización a la Corte para concurrir al Congreso Académico y que "el Alto Tribunal a través de uno de sus ministros autorizó el viaje expresamente y en forma previa a la partida, sabiendo que este litigio se ventila por ante el Tribunal que integra de la Carreras". Ayer, tras una serie de fallos en los que sucesivamente fueron rechazadas recusaciones y excusaciones de camaristas, el tribunal decidió integrar la Sala Primera con los jueces De las Carreras y Susana Najurieta, y así quedó en condiciones de resolver la extensión de la cautelar. La presentación del gobierno fue realizada ante la propia Cámara Civil y comercial, argumentando que al resolver no se hizo lugar al pedido de producción de medidas de prueba para confirmar la acusación. Clarin.com
  21. La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este martes un fallo de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social que había rechazado un pedido de recusación sin causa formulado por la ANSES contra el juez Luis René Herrero, integrante de esa sala. Para el Máximo Tribunal, “la pretensión de la demandada (ANSES) de efectuar un ejercicio masivo del instituto de la recusación sin expresión de causa desnaturaliza los propósitos y fines para los que fue concebido y ocasiona múltiples perjuicios a los justiciables. Se configura así un abuso del proceso que los jueces no deben tolerar”. La Corte rechazó así la recusación masiva de jueces por parte de ANSES que generan “un problema institucional en un fuero abrumado por la litigiosidad”. La decisión se da en una causa iniciada ante la Justicia Federal de Salta por reajuste de haberes cuya sentencia fue apelada, recayendo el expediente en la Sala II de la Cámara de la Seguridad Social. Una vez en esa instancia, la ANSES recusó sin causa al juez Herrero, planteo que fue desestimado por el tribunal con magistrados pertenecientes a la Sala III. Esa decisión había sido recurrida por la ANSES, argumentando que se había ignorado las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (artículos 14 a 16, que regulan el instituto de la recusación sin causa) y que de tal modo se ha violado sus derechos de defensa e igualdad ante la ley. En su fallo, la Corte -con la firma de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Carmen Argibay y Raúl Zaffaroni (este último en disidencia)- destacó la situación de excepción del caso, “habida cuenta de la manifestación de voluntad de la demandada, expresada en el recurso extraordinario, de extender la recusación a todos los pleitos en los que resultare sorteada la Sala II del fuero de la Seguridad Social”. Y señaló que “no puede desconocerse que recusar al doctor Herrero en la totalidad de las causas sorteadas a la sala II, traería aparejado el vaciamiento de la jurisdicción del magistrado, para cuyo ejercicio fue regularmente designado y que debe desempeñar en tanto dure su buena conducta (art. 110, Constitución Nacional), consecuencia que va mucho más allá de asegurar la imparcialidad de los jueces intervinientes, para transformarse en una suerte de sanción que carece de sustento fáctico y normativo”. “Es indudable que el uso de la recusación, tal como lo plantea el organismo previsional, crea un problema institucional que no cabe minimizar, pues el fuero se encuentra abrumado por la litigiosidad y el efecto nocivo derivado de estos planteos afecta el apropiado funcionamiento del sistema de justicia, además de causar perjuicios a los demandantes en proceso en que se debaten cuestiones de naturaleza alimentaria”, indicó la Corte, según informa el sitio judicial CIJ. clarin.com
  22. El mes pasado, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner percibió un salario de 69.586,94 pesos, un aumento del 42,2 por ciento sobre lo que recibía en enero de este año. Además, se le liquidaron otros $ 44.090,50 por la pensión de viudez del ex presidente Néstor Kirchner. Así, sus ingresos mensuales por ambos rubros totalizaron $ 113.677, 44 según surge de los registros de la ANSeS a los que tuvo acceso Clarín y que se reproducen en esta página. A la inversa de lo que ocurre en países cercanos y lejanos, aquí no resulta sencillo acceder a información actualizada sobre los salarios que perciben los funcionarios. La única vez que la Presidenta mostró su recibo de sueldo fue en diciembre de 2009. Por entonces, percibía un salario de $ 24.299,50. En marzo de este año, tras un pedido de acceso a la información presentado por este diario, la Secretaría General de la Presidencia publicó en su sitio en Internet los salarios de enero de la Presidenta y todo su gabinete. Así se conoció que Cristina Kirchner había duplicado en apenas dos años su ingreso como Presidenta de la Nación y recibía por entonces $ 48.934, 62. Ese desactualizado listado de salarios es el que se continúa exhibiendo hasta hoy en la Web de la Secretaría General aunque los sueldos aumentaron desde entonces. De acuerdo a la reglamentación vigente -decretos 782 de 2006 y 799 de 2010-, los salarios de las autoridades superiores del Poder Ejecutivo deberían recibir aumentos porcentuales similares a los acordados en paritarias por el resto de los empleados de la administración pública. Este año, los estatales firmaron una suba del 21 %, pero la Presidenta, de un modo que no lograron dilucidar los laboralistas consultados por Clarín , logró duplicar ese aumento en su sueldo. En el caso de la pensión, la ley 24.018 estableció para los ex presidentes una asignación vitalicia igual al salario de los magistrados de la Corte Suprema. En caso de fallecimiento, a la viuda le corresponde una pensión del 75 por ciento de esa suma. En su última declaración jurada, la Presidenta informó haber percibido durante 2011 un total de $ 420.048 por la pensión de Néstor Kirchner, unos $35.000 mensuales promedio. La ANSeS le pagó a la Presidenta $ 44.090, 50 tanto en septiembre como en octubre de este año por la pensión. Ese importe es un 25,96 % superior al promedio del año pasado. Hasta ahí, el aumento está en línea con el de los salarios de los jueces de la Corte. Pero este mes, Cristina cobrará aún más. La ANSeS le liquidó $ 65.413,95. Del desglose surge que su haber básico (código 1000 en el recibo) subió de los $ 32.230,81 de octubre a $ 35.453,89 en noviembre. También hubo algunas subas en los suplementos que percibe por tratarse de una pensión de ex presidente. Aunque el grueso del aumento se debe a un “ajuste por haberes devengados no percibidos” (código 122000) que cobraría este mes en carácter retroactivo. Si se restan los ingresos y descuentos de noviembre, la pensión que recibiría de ahora en más la Presidenta sería de $ 47.224,92, según estimó un especialista previsional al que se recurrió ante la falta de respuesta de la Secretaría General y el vocero presidencial para intentar aclarar éste y otros detalles. Los abultados ingresos que la Presidenta percibe del Estado están lejos de ser el sostén económico de la familia Kirchner. De acuerdo a su propia declaración jurada, el año pasado cobró $ 3.985.803 en concepto de alquileres por sus propiedades en Santa Cruz y Capital, lo que llevó su fortuna a un total de $ 39.572.589. Una suma similar quedó a nombre de sus hijos Máximo y Florencia, tras la división de los bienes de la sucesión de Kirchner. Cristina es, por lejos, la Presidenta más rica desde el retorno de la democracia. Clarin.com
  23. Abusaba sexualmente de su hija de 11 años y filmaba las violaciones con su celular para luego disfrutar mirándolos y también distribuirlos. Pero el caso fue descubierto por un hermano de la víctima de sólo 15 años, quien vio las imágenes y lo denunció ante la Policía. Se encontraron al menos 25 filmaciones. Ayer la Justicia condenó al hombre a 38 años de cárcel. El caso ocurrió en Bahía Blanca y fue descubierto en febrero pasado. La fiscal del caso María Marta Corrado había pedido una condena de 44 años de cárcel. El Tribunal Oral en lo Criminal 3 condenó al hombre por los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante reiterado agravado por el vínculo, abuso sexual con acceso carnal agravado en concurso real con producción, publicación y distribución pornográfica infantil y concurso ideal con corrupción de menores agravada”. La víctima vive en Rosario con su mamá y estaba de vacaciones desde comienzos de año en la casa de su papá, en las afueras de Bahía Blanca. Había llegado después de Año Nuevo con un hermano adolescente (15) que es hijo de un matrimonio anterior de la madre de ambos. Las sospechas sobre el acusado comenzaron cuando el hermano de la nena escuchó sonidos de actos sexuales que provenían del celular del hombre , un ex marino mercante de 38 años que por entonces trabajaba en una empresa de tendido de cables. Por curiosidad, el chico entró a su habilitación y encontró el teléfono. Al revisarlo vio que, además de videos del hombre con otras personas, en varios estaba su hermana. Espantado, el chico buscó un amigo y juntos llevaron el celular a la Policía. Los investigadores encontraron al menos 25 videos de abusos del condenado con su hija . Enseguida lo fueron a detener. Lo apresaron cuando intentaba escapar en una moto con la nena. Los familiares del acusado declararon que nunca sospecharon nada del condenado. La propia madre de la nena dijo que mandó a su hija con tranquilidad con su ex pareja porque nunca imaginó nada. “ Qué voy a sospechar algo así si era el padre ”, le dijo el hermano de la víctima a los jueces. Desde un principio el imputado (cuyos datos se mantienen en reserva para preservar la identidad de su hija) siempre se negó a declarar. Durante los alegatos la fiscal pidió ante el Tribunal una pena de 44 años de prisión, en tanto que la defensora oficial Fabiana Vannini reclamó una sanción mínima por considerar que el imputado “tenía dificultades para comprender los actos”. Corrado señaló ante los jueces que “el imputado comprendía la criminalidad de los actos y según diversos estudios cuenta con características de personas relacionadas con delitos sexuales”. Clarin.com
  24. La Corte de Apelaciones de New York dictaminó que la Argentina discriminó a los fondos buitres y otros bonistas que decidieron no participar en los canjes de deuda de 2005 y 2010. Es porque -dijo el tribunal- el país se negó a pagarles a estos de la misma manera que les está pagando a los bonistas que sí aceptaron los canjes. Así, abre la puerta para que a partir de los próximos vencimientos de la deuda reestructurada, que son en diciembre, se tenga que abonarles a estos acreedores a la par que a aquellos que acordaron quitas y mayores plazos. Están en juego desembolsos por 1.300 millones de dólares. “Determinamos que la provisión del tratamiento igualitario que tienen los bonos le prohíbe a la Argentina discriminar entre los bonos de los demandantes (léase los fondos buitres) a favor de los bonos emitidos en conexión a los canjes (reestructuraciones de deuda) -dijo el fallo- y que Argentina violó esa provisión al clasificar sus obligaciones de pago a la deuda en default por debajo de sus obligaciones a los bonistas que reestructuraron su deuda”. Apela así al compromiso de “pari passu” incluido en los títulos originales de la deuda argentina, que garantizaban igual tratamiento a todos los acreedores. Aunque el Gobierno buscó ayer minimizar el impacto del fallo (ver pág. 5), esto significa que la próxima vez que le pague a los bonistas que reestructuraron sus bonos, también tendría que pagarle a los fondos buitres. Conformada por tres jueces, la Corte de Apelaciones ratificó de esta manera un fallo de febrero pasado del juez Thomas Griesa, quien lleva adelante un centenar de juicios distintos contra la Argentina de otros tantos bonistas y fondos que quedaron fuera de los canjes. En aquel momento, el embajador argentino en Washington, Jorge Argüello, dijo: “Dado que la decisión de Griesa es política, floja en su argumentación legal, tenemos confianza que será decidida en apelación a favor de la Argentina”, Pero ayer la Corte rechazó la apelación argentina y ordenó que el caso regrese al tribunal de Griesa. Es para que el juez establezca un mecanismo por el cual la Argentina tendrá que pagar a estos bonistas cuando les abone a los restantes. Una fuente que conoce bien el caso dijo a Clarín que los fondos y bonistas que hicieron esta demanda reclaman un total de US$ 1.300 millones. La misma fuente explicó que si en diciembre (el próximo vencimiento de deuda) el Gobierno le paga a un bonista que ingresó en el canje el 100% de un cupón, también debería pagarle al fondo buitre el 100% de lo que le debe; a saber, esos US$ 1.300 millones, que suman intereses y capital. Ayer sin embargo, circuló otra versión que decía que el Gobierno deberá pagarle a los fondos sólo los intereses., Sea como sea, si un agente de pago del gobierno argentino le paga a los bonistas que reestructuraron su deuda y no a los fondos buitres, estos podrían hacerle juicio al propio banco por desobedecer la orden de Griesa . En el canje, el agente de pagos es el Bank of New York. En julio el Gobierno pidió a la Corte que revoque esa decisión argumentando que podía desencadenar una crisis financiera en el país. En su alegato, el gobierno argentino también habló del impacto que esto podía tener en la reestructuración de las deudas de otros países , como Grecia, Irlanda, Italia o España. De hecho el gobierno de EE.UU. apoyó la posición argentina, afirmando que el fallo de Griesa podía socavar los esfuerzos que se hacen para superar una crisis de deuda soberana a nivel global. Pero al igual de lo que sucedió con el juez de Ghana que retuvo la Fragata Libertad (en el juicio de Nueva York t ambién figura como demandante el fondo NML Elliot ), la corte de apelaciones de New York no tuvo en cuenta la posición del gobierno de su país y falló en contra de Argentina por unanimidad. El juez Barrington Parker, uno de los integrantes de la Corte, dijo en el fallo que la Corte no había tenido mucha dificultad en establecer que nuestro país no cumplió con sus obligaciones. Y agregó que “nada en los documentos apoya la posición argentina de que el amparo arrojara a la Argentina en un crisis financiera y económica”. Además de NML, entre los demandantes de esta causa están fondos como Aurelius Capital, A. C. Paster, Blue Angel y una docena de ciudadanos argentinos. Clarin
  25. La ex ministra de Economía que dejó su cargo después que en el baño de su oficina apareciera una bolsa con $100 mil y US$ 36 mil reconoció que el dinero era suyo, pero dijo que "fue una cama". "Sobre esto se montaron una cantidad de suposiciones que no fueron demostrados", agregó la economista que ahora trabaja para la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. A tres semanas de que comience el juicio oral por los delitos de encubrimiento agravado con destrucción de documento, Miceli dijo que "nunca pensó que esto iba a llegar a tanto". "Imagínense donde un país mueren 50 personas en una tragedia ferroviaria, donde pasan tantas cosas, que la Justicia jorobe por esto me parece un poco raro", añadió la economista que asumió para reemplazar a Roberto Lavagna y que dejó su lugar a mediados de 2007. "Si tengo que ir presa, iré presa y cumpliré con mi condena", agregó Miceli. Durante la entrevista que brindó ayer a la noche con FM Identidad, Miceli dijo que su error fue haber llevado su dinero a la oficina. "Sobre eso se monto una cantidad de suposiciones que no fueron demostrados y todo el país sabe que esto fue una cama", agregó. Ante la consulta sobre si sabía quién intentó impulsar su salida del Gobierno, Miceli evitó dar nombres, pero dijo que "había responsables directos que deben ser los que tienen que dar cuentas de lo que hicieron". La funcionaria tenía en ese momento muchos roces con el ministro de Planificación, Julio de Vido y con el secretario de Comercio, Guillermo Moreno. El juicio oral comenzará el 29 de octubre y el debate estará encabezado por el Tribunal Oral Federal N°2 de la Capital. El tribunal estará integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Alberto Tassara y Jorge Luciano Gorini. Clarin
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