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  1. Una verguenza. La justicia en Argentina nuevamente, una verguenza. Lamentamos desde Inurbanos la actuacion de estos jueces de Moron: lejandro Rodríguez Rey, Pablo Gossn y Daniel Leppen por demostrar al igual que el conductor Asesino, Diego Cuevas, que la vida de estos chicos no valía nada. Absolutamente nada. Todos esperabamos una condena que demostrara el repudio a esta hecho, donde al menos este infeliz estaría 15 años metido en cana, y con una inhabilitacion de por vida para manejar. Esperemos al menos que el Karma le pegue fuerte a cada uno de estas personas involucradas en este acto de injusticia. Nota Original: Acusado de doble homicidio simple y cuatro lesiones graves, fiscalía y querellas coincidieron en solicitar una pena de 18 años de prisión para el joven que llegó al juicio cumpliendo arresto domiciliario. Por eso, una vez que se conoció el fallo, los familiares de los chicos estallaron de bronca, con insultos y llantos. Precisamente, el arresto domiciliario era uno de los beneficios que Cuevas iba a perder si los jueces Alejandro Rodríguez Rey, Pablo Gossn y Daniel Leppen, del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 6 de Morón, hacían lugar al pedido de los abogados Luis Rapazzo y Diego Diéguez Ontiveros, y del fiscal Antonio Ferreras. Por la cantidad y contundencia de las pruebas presentadas, los peritajes que comprobaron que Cuevas venía a 127 km/h cuando embistió a los seis amigos en avenida Rivadavia y Maipú, la madrugada del 5 de abril de 2015, y las declaraciones testimoniales que dan cuenta de que el chico venía corriendo una picada a bordo de su Nissan Tiida, los letrados que representan a las víctimas esperaban que este se convierta en un "fallo ejemplificador". "Cuevas demostró un total desprecio por la vida. Lo único que le importó era alcanzar al Bora con el que venía corriendo. Los jueces se tienen que poner los pantalones y aplicar la pena que cabe para este caso", le dijo a Clarín Luis Rapazzo. Rapazzo viene de una previa judicial que lo hace ubicar la vara muy alta para medir la labor del tribunal moronense. Es que el viernes pasado, los jueces del TOC 1 de San Isidro sentenciaron a 12 años de cárcel a Gustavo Federico Cusato Trias, quien el 17 de enero de 2016 condujo borracho y a contramano sobre la autopista Panamericana, chocó de frente a otro auto y mató a dos amigos que venían en el vehículo. "Si le hubieran dado dos meses menos podíamos ir a Casación y apelar la sentencia, pero como le dieron justo la mitad de la pena que pedimos, eso nos inhabilita para apelar", explicó Rapazzo, y agregó: "No hay motivo para que se sostenga la prisión domiciliara, ya que no está ni incapacitado ni enfermo. Entendemos que con la condena, debería ir preso a un penal, pero el Tribunal no revocó la decisión anterior y sostuvo la domiciliaria". Según estimaciones del abogado de las víctimas, por los tiempos de la Justicia Cuevas podría, en dos años, pedir libertad asistida, y en dos años más, con dos tercios de la condena, "la libertad condicional". "Sólo pedimos justicia por mi hijo. No matamos a nadie, no somos delincuentes. Siempre vinimos en paz. Y ahora este tipo se va a la casa, va a brindar con su familia. Es una burla. El va a estar en la casa, no está en la cárcel. Como puede ser que esté en la casa", reclamó, entre llantos, María Angelica Guaraz, la madre de Lautaro, que tenía 16 años cuando murió. Y agregó: "Hoy, por segunda vez, me entregan a mi hijo muerto, lo volvieron a matar". Lautaro murió en el lugar de la tragedia, en cambio José, que era su primo y también tenía 16 años, agonizó una semana en el Hospital Güemes de Haedo. “Espero que esta Justicia haga Justicia y que Diego Cuevas vaya a la cárcel. Sé que no le van a dar 25 años, porque eso no lo consigue nadie, pero con 9 no me conformo porque este chico no es un perejil”, le había dicho a este diario Angélica, antes de la la lectura del veredicto. Sin embargo, el fallo no alcanzó para que deje de sentir que la muerte de su hijo por culpa de un conductor irresponsable quedó impune. [Leido en Diario Clarin]
  2. Paprium: Rule, Be Ruled or Die! llega para resurgir una mítica consola que tanto momentos de felicidad nos ha dado (y nos da). Se trata del Sega Genesis/Megadrive, responsable de proezas como Sonic, Golden Axe, y Contra Hard Corps entre tantos y maravillosos juegos. Podríamos decir que Paprium se acerca mucho más a la saga Street of Rage por su estilo beat’em up bien colorido, con escenarios, personajes jugables notables y enemigos más notables aún. El cartucho tiene la particularidad de contar con 80 megas, superando la capacidad que tenían los juegos de Sega en su momento. Contaremos con 24 niveles, varios modos de juego, modos multijugador y la posibilidad de elegir entre cinco personajes. Seguramente a este nuevo título le pase lo mismo que a Pier Solar and the Great Architects, su hernano mayor, que luego de su camino por la consola de 16 bits llegó a las consolas de última generación (PS4, XBO, WiiU), algo habitual en el momento retro que vivimos a nivel cultural. Aunque es cierto que los desarrolladores dijeron que un port a PC o un ROM para emular no le haría justicia al juego, pues fue diseñado específicamente para que corra a 60fps en el hardware de Sega
  3. Como bien lo dice el título de la película, Batman v Superman: Dawn of Justice es el origen de la Liga de la Justicia donde podremos ver también a otros superhéroes como Cyborg, Aquaman y Flash así como un posible adelanto del próximo villano, Darkseid. La Santa Trinidad lo componen Ben Affleck (Bruce Wayne / Batman), Henry Cavill (Clark Kent / Superman) y Gal Gadot (Diana Prince / Wonder Woman). El resto del elenco incluye a Amy Adams (Lois Lane), Jesse Eisenberg (Lex Luthor), Diane Lane (Martha Kent), Laurence Fishburne (Perry White), Jeremy Irons (Alfred Pennyworth) y Holly Hunter. Producida por DC Entertainment, Atlas Entertainment y Cruel and Unusual Films, la película será dirigida por Zack Snyder (Man of Steel). Batman v Superman: Dawn of Justice se estrenará en las salas de cine 2D, 3D e IMAX 3D el 25 de marzo de 2016.
  4. Batman v Superman se estrenará en marzo de 2016, y representa el primer paso para unificar el "DC Cinematic Universe". Wonder Woman aparecerá en la cinta y Aquaman hará un cameo, antes de conseguir sus propias películas y la eventual cinta de la Liga de la Justicia.
  5. Esta exitosa novela de Leonardo Oyola ahora tendrá una adaptación a la pantalla grande. Dirigida por Nicanor Loreti, quien ya nos sorprendió con la película Diablo, Kryptonita nos presenta una versión argentina y marginal de la Liga de la Justicia. Conocida como la Banda de Nafta Súper, entre sus miembros más destacados se encuentran Juan Raro, quien posee una inteligencia que no es de este mundo (referencia a Detective Marciano), el Faisán, que tiene un anillo que se ilumina y que pareciera ser un arma (al igual que Linterna Verde) o Ráfaga, quien posee una velocidad al borde de los inverosímil (¿hace falta aclarar a quien hace alusión?). En esta historia los policías son los malos, y es así como encontraremos a villanos como Corona, un policía que no para de reír como un demente y que tiene la cara pintada de blanco, o El Cabeza de Tortuga, un miembro del grupo GEO que previamente se había enfrentado con Nafta Súper y ambos terminaron muertos. Si algo no va a faltar en esta película son las referencias a los cómics.
  6. El nuevo Razer Diamondback sigue fiel a la filosofía de diseño de su antecesor, pero aprovecha los avances más recientes de la tecnología de sensores para dar a los jugadores un ratón digno del legendario nombre Diamondback. “Tomamos el incomparable diseño del ratón Diamondback y lo actualizamos con la mejor tecnología disponible actualmente para crear un ratón que le encantará a los fanáticos de Razer de siempre y a los nuevos por igual. Tiene una ventaja competitiva que hará justicia al legado del nombre de Diamondback”. Estas fueron las palabras de Min-Liang Tan, cofundador y CEO de Razer. Basado en el factor de forma de su antecesor, el nuevo ratón Razer Diamond conserva el diseño delgado y ambidiestro, con lo que ofrece a los jugadores derechos y zurdos un agarre igualmente cómodo en un factor de forma altamente móvil. Los botones laterales se han colocado estratégicamente para permitir un fácil acceso sin importar si se utiliza con la mano derecha o con la mano izquierda. El diseño esculpido se ajusta a una variedad de estilos de agarre y tamaños de la mano, lo cual es perfecto para jugar durante largos periodos, y las nuevas empuñaduras de agarre de goma brindan un mayor control durante las elevaciones y movimientos rápidos cuando la acción se vuelve frenética. Como un estándar para los videojuegos de alto desempeño desde 2004, el Razer Diamondback incluyó el primer sensor óptico del mundo en un ratón de juegos. Su factor de forma y funcionalidad se desarrollaron con la colaboración de los mejores atletas de los deportes electrónicos (eSports). Su diseño ligero, capacidad de respuesta, forma ergonómica y el ajuste instantáneo de la sensibilidad, lo consolidaron como el ratón para juegos favorito de los profesionales. El ratón Razer Diamondback se hizo acreedor a varios premios en todo el mundo, y es un ratón muy cotizado que sigue rompiendo récords de ventas hasta la fecha. Utilizando lo último en tecnología de sensores, el nuevo Razer Diamondback está equipado con un sensor de 16,000 DPIs, lo que ofrece un seguimiento preciso sin igual. Al sincronizarlo con el software Synapse de Razer, los jugadores pueden personalizar su Diamondback 1 DPI paso a paso para lograr un seguimiento perfecto sin importar su estilo de juego. Con una distancia de levantamiento y corte ajustable de hasta 0.1 mm, ahora los jugadores pueden desplazarse y reiniciar con más confianza que nunca que un desvío accidental no afectará su desempeño. El nuevo ratón Razer Diamondback no estaría completo sin la iluminación Chroma personalizable de Razer, la cual le da a los jugadores una gama de 16.8 millones de colores de los cuales elegir. Con múltiples lugares de iluminación y la opción de sincronizar dicha iluminación con otros productos con Chroma, los jugadores pueden crear un entorno de juego realmente personal. Al utilizar en su totalidad el software Razer Synapse, los macros, las funciones y los accesos directos puede asignarse fácilmente a cualquier botón del nuevo Razer Diamondback, y ser almacenados en la nube para usarlos de inmediato en cualquier computadora personal. Cada detalle, desde el perfil de juego individual y las configuraciones, hasta la resolución de DPIs y los esquemas de color, puede modificarse, almacenarse y utilizarse gracias a la integración total en la suite de software Razer Synapse. Especificaciones Factor de forma: ambidiestro Sensor láser 5G de 16,000 DPI Hasta 210 pulgadas por segundo / aceleración de 50 g Ultrapolling de 1,000 Hz Ajuste de la sensibilidad instantánea Iluminación Chroma personalizable Sincronización de colores entre dispositivos 9 botones Hyperesponse programables Habilitado para el software Razer Synapse Cable de fibra trenzado de 2.1 metros / 7 pies Tamaño aproximado: 125 mm /4.92 pulgadas (longitud) x 60 mm / 2.64 pulgadas (anchura) x 30 mm / 1.18 pulgadas (altura) Peso aproximado: 89 g / 0.09 lbs. (sin cable) Precio y Disponibilidad Precio: $89.99 USD (MSRP) Disponibilidad: RazerStore: Pedido por adelantado Resto del mundo: Octubre del 2015
  7. Los jefes de La Cámpora pactaron con los dos precandidatos presidenciales del Frente para la Victoria (FPV), Daniel Scioli y Florencio Randazzo, y con los intendentes bonaerenses del PJ, un aumento de cargos en el Poder Ejecutivo Nacional y la mayoría en las listas de candidatos a legisladores nacionales y provinciales. Aspiran también a terciar en la elección del candidato a vicegobernador en la provincia de Buenos Aires. Con un vicegobernador propio, podrían conducir el Senado bonaerense. A eso se suma que el diputado provincial camporista José Ottavis intenta presidir la Cámara de Diputados provincial, de la que ahora es vicepresidente. Según pudo saber LA NACION, la estrategia es de Cristina y de su secretario legal y técnico, Carlos Zannini. Pero la ejecuta Máximo Kirchner, hijo de la Presidenta y jefe espiritual de La Cámpora. Ella y Zannini no descartaron aún imponerles a Scioli y a Randazzo un vicepresidente camporista. Y les notificaron a éstos y a los gobernadores del PJ que en Olivos se decidirán las listas de diputados y senadores nacionales. La Cámpora tendrá prioridad: la prueba piloto fue Mendoza: Anabel Fernández Sagasti será candidata a senadora y Guillermo Carmona, a diputado. Scioli y Randazzo le reconocen esa potestad. Y la propia Cristina podría encabezar la lista de diputados en la provincia, para liderar su bloque en el Congreso. El objetivo consiste en condicionar al futuro gobierno nacional, sea peronista u opositor, y al próximo gobernador bonaerense. "Los pibes quieren tener el mayor poder posible, afirmar su estructura desde el Estado nacional y provincial, custodiar el modelo, condicionar al próximo presidente, y garantizar el regreso de Cristina en 2019", dijo a LA NACION un funcionario que los frecuenta. A falta de un presidente "propio", Cristina y La Cámpora reciclan la vieja máxima peronista "Cámpora al gobierno; Perón al poder". Sería ahora "Scioli o Randazzo al gobierno, La Cámpora al poder". En el PJ responden: quien sea presidente luego disciplinará a "los pibes". Por ahora Scioli y Randazzo aceptaron sin rodeos el acuerdo. El gobernador bonaerense siente que La Cámpora será su aliada antes y después de las primarias del 9 de agosto y de las generales del 25 de octubre. "Scioli respetará los espacios de todos ellos. Se quedan todos", dijo una fuente del PJ provincial que trabaja con el gobernador. Por eso, elogió la semana última al ministro de Economía, Axel Kicillof, y anticipó que lo retendría en su gobierno, aunque no precisó en qué cargo. Randazzo también los contendrá. Un vocero del ministro del Interior y Transportes lo confirmó a LA NACION. "Nosotros somos parte de este proyecto y no tenemos necesidad de sobreactuar apoyos ni promesas. Si sos parte de este gobierno y compartís las políticas de la Presidenta, como dice Scioli, ¿por qué necesitás prometerles cargos a quienes forman parte de este proyecto? ¿No será que tu pertenencia es forzada?", ironizó. En todos los ministerios del Poder Ejecutivo, existen concursos para incorporar 7500 empleados en la planta permanente del Estado. En muchos de ellos, como Economía, Cancillería, Desarrollo Social, Justicia, Cultura, Defensa, Planificación, Salud y Trabajo, La Cámpora pone la mayoría y logra otros contratos. Máximo Kirchner bendijo una división del trabajo. Un grupo de La Cámpora apoya a Scioli: Eduardo "Wado" De Pedro; Mariano Recalde; Julián Álvarez, y Ottavis. El jefe formal de La Cámpora, Andrés Larroque, quedó cerca de Randazzo. Máximo habilitó otro acuerdo con los intendentes: en distritos donde La Cámpora presente candidatos a intendente contra los barones del PJ, como Lanús, Mercedes, La Plata o Mar del Plata, ningún camporista abrirá listas colectoras para dividir el voto y perjudicar a los jefes del lugar. Aunque pierdan, todos competirán en las primarias municipales dentro del PJ. Y a cambio de integrar el mismo frente exigirán poner la mayoría de los candidatos a diputados y senadores provinciales para controlar la Legislatura. Los intendentes colarán menos legisladores por cada lista. La agrupación de jóvenes K también quiere nombrarle el candidato a vicegobernador a cada uno de los postulantes a gobernador: Julián Domínguez, Aníbal Fernández y Fernando Espinoza. Así, La Cámpora podría retener miles de cargos en el Poder Ejecutivo, fortalecerse en el Congreso, colocar vicegobernadores propios y consolidarse en las principales legislaturas provinciales.
  8. El juez federal Sebastián Casanello entendíó la mecánica rápidamente: en la Villa 31, para llegar a los verdaderos capos de esta situación, solo hay que empezar por los ocupantes. Todo está más organizado de lo que parece. En diciembre de 2013, un grupo de vecinos ingresó a un galpón en la zona de Retiro para tomarlo y vivir allí. El loteo fue sistemático; se trazaron líneas sobre la tierra, tal como lo haría un agrimensor. Siguió una conexión ilegal de luz y las primeras viviendas. Cortar la luz fue una primera reacción de la Policía para llevarlos a la calle. Los ocupantes reaccionaron en protesta; bloquearon las vías del tren Mitre con las mujeres y los chicos. La ocupación duró apenas un mes. Y Casanello comenzó a preguntar, en una causa hoy en pleno desarrollo. Llegó a un presunto ocupante que se convirtió en testigo y que le detalló la toma del galpón por dentro, el reparto de parcelas y sus mecanismos. Al testigo, Casanello le dispuso custodia, un policía de la Comisaría N°46 -con jurisdicción en la zona- de consigna en la puerta de su casilla. No fue una opción tan segura, al parecer. El viernes pasado, por orden de Casanello, la división Asuntos Internos de la Policía Federal allanó la 46 bajo la sospecha de que un cabo primero, el mismo que debía cuidar al testigo, lo habría amenazado con insultos y piedrazos. Se incautaron tres celulares de su pertenencia, su legajo personal y el registro de consignas. Sergio Berni mismo ordenó su pase a disponibilidad "por averiguación de ilícitos cometidos entre los días 12 y 19 del corriente mes", según una alta fuente en la fuerza. Pero las supuestas amenazas del policía, una posible connivencia, eran apenas otro brazo en el sistema. En los últimos años, la Villa 31 se expandió geográfica y matemáticamente. Un cálculo del Gobierno porteño en 2013 publicado por La Nación estimaba más de 35 mil personas en la zona. Un departamento de 20 metros cuadrados en el playón este podía valer 150 mil pesos. En el 67% de las viviendas vive más de una familia. El mapa con nuevos sectores va mutando a la par de los desalojos: el de la Villa Nylon a fines del año pasado, a la vera de la autopista Illia pegado a la mano que va a zona Norte, obligó a los vecinos a reubicarse dentro de la misma 31 tras un acuerdo con el GCBA y a cuatro años de la toma del predio. Hay otros aspectos: la villa crece a pesar de una histórica prohibición judicial de ingresar materiales. Fuentes oficiales repiten que hay dos corralones ilegales dentro de la villa, que ni siquiera compiten entre sí dada la voracidad y el tamaño del mercado y donde un ladrillo hueco sale más caro que en Palermo. Esto no es nuevo: el Gobierno clausuró en 2008 una hormigonera y un galpón de materiales que al poco tiempo volvieron a funcionar. El sistema de ocupación no es una situación anárquica, en cierto punto. Hay reglas negras que controlan esta expansión. Y para la Justicia, hay algunos nombres. El 17 de este mes, la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal a cargo de los jueces Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah confirmó el procesamiento sin prisión preventiva por el delito de usurpación del predio conocido como "manzana 28 bis" a Juan Luis Agüero -suboficial de la Prefectura Naval desde hace más de veinte años-, Cristian Coronel, Yanina Coronel, Marcelo Gutiérrez y Patricia Yampa, todos ellos vecinos de la Villa 31. Fue el juez Casanello mismo quien había dictado procesarlos hace casi un año. En la tensa historia de ocupaciones y desalojos que tuvo la Villa 31 en la última década, éste es un caso testigo. A través de testimonios, el mecanismo mafioso se vuelve evidente. En los últimos años, la Villa 31 se expandió geográfica y matemáticamente. Un cálculo del Gobierno porteño en 2013 estimaba más de 35 mil personas en la zona. En la madrugada del 2 de agosto del 2010 comenzó la ocupación de la intersección de la autopista Illia con la avenida Ramón Castillo, justo sobre las vías del Belgrano Cargas. Este era un punto neurálgico, el acceso ferroviario al puerto para los trenes con granos. Quince casillas fueron construidas en poco tiempo, bloqueando así la entrada. Para la Administración General de Puertos y para la firma operadora del Belgrano Cargas esto era un problema grave: una obra de 45 millones de pesos de inversión se había licitado en ese sector. Un relevamiento posterior del Ministerio de Desarrollo Social detalló treinta grupos familiares, con 107 personas en total. Fue otro vecino de la Villa 31 el que denunció por teléfono a los supuestos organizadores de la toma: tres de los cinco procesados por Casanello aparecen en esa primera lista. Luego, ante la Justicia, ese mismo denunciante aseguró, según la transcripción, que varios de los procesados lo amenazaban a él y a su familia "por sus denuncias en la Federal": "Me dicen a mí que nos van a matar, que nos van a sacar de la casa, que nos van a linchar", consta en la causa. El denunciante aseguró que "en la Villa 31 existe una organización dedicada a la ocupación de predios vacíos, sin importar si los mismos pertenecen al Estado o a particulares, con el objeto de construir viviendas precarias en algunos casos y de ladrillo en otros, con el fin de alquilar o vender las mismas". Otros tratan de expandirse: el mismo denunciante marcó que una de las procesadas ya tenía una casilla de dos plantas en una manzana aledaña en la villa. Otro referente histórico de la villa hasta declaró que muchos de los ocupantes había acampado en un predio cercano semanas antes y que habían conseguido del Gobierno porteño un predio de diez mil pesos para después dejarlo. Un denunciante aseguró que en la Villa 31 existe una organización dedicada a la ocupación de predios vacíos, sin importar si pertenecen al Estado o a particulares No fue fácil el desalojo posterior. La AGP, según fuentes cercanas a la causa y testimonios de vecinos, una negociación mano a mano con los ocupantes. La Policía enfrentó piedrazos en el predio. Pero en sus fallos, la Justicia hizo una salvedad clave. Los jueces Freiler y Ballestero razonaron: "No puede resultar idéntica la situación de quienes lo hicieron por extrema necesidad o escasez de recursos de la de aquellos que, aprovechándose de esa desesperación, intentaron sacar un rédito económico". Lo que dicen Freiler y Ballestero es un eco de la división taxativa que hizo Casanello en la causa: bajo esta línea, dictó el sobreseimiento de doce ocupantes. Así, dentro de este vacío institucional, se crea una situación de dominio. Casanello, en su procesamiento, habló de "auténticos ghettos donde rige la ley del más fuerte y el retiro del Estado da lugar a la creación de códigos de convivencia propios" y de "una doble victimización: la exclusión de lo público, y por el otro, el sometimiento a un poder arbitrario". Hay formas crueles: algunos vecinos declararon que fueron los mismos vendedores de las tierras usurpadas los que después los echaron por la fuerza. Una de las mujeres sobreseídas declaró que compró una parcela en la 28 bis por 8500 pesos, ante testigos y con un boleto de compraventa. La misma mujer que le vendió el terreno luego quiso recuperarlos bajo la excusa de que le había vendido "muy barato". Así, esta mujer, madre de dos hijos menores, vivió amenazada y en pánico de que la desalojen o le vuelvan a usurpar su casa. Nunca dejó su vivienda sola. Otro de los sobreseídos denunció que uno de los procesados fue y lo amenazó con un arma de fuego al enterarse de que estaba negociando su salida del predio con la AGP.
  9. El fiscal Alberto Nisman denunció ante la Justicia a la presidenta Cristina Kirchner y al canciller Héctor Timerman de encubrir a los iraníes acusados de haber sido los autores ideológicos del atentado contra la sede de la AMIA en julio de 1994. Es una medida sin precedentes y producto directo del memorándum de entendimiento firmado por Cristina con Irán, que fue declarado inconstitucional por la sala I des la Cámara Federal. Se trata del más grave atentado de la historia argentina que dejó 85 muertos. En una dura denuncia de casi 300 páginas, Nisman, acusó y pidió la declaración indagatoria y un embargo preventivo de bienes por la suma de doscientos millones de pesos de la Presidente de la Nación, Cristina Kirchner, de su CancillerHéctor Timerman, del diputado Andrés Larroque, de personal de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación, de los dirigentes Luis D’Elía y Fernando Esteche, del ex fiscal federal y ex juez de instrucción Héctor Yrimia, y del referente comunitario iraní, Jorge “Yussuf” Khalil, por ser autores y cómplices del encubrimiento agravado de los acusados iraníes por el atentado terrorista contra la AMIA, hecho ocurrido el 18 de julio de 1994 y calificado judicialmente como crimen de lesa humanidad y genocidio. La acusación abarca otros delitos conexos, como estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Nisman sostiene que el plan dirigido a borrar a Irán del caso AMIA, desincriminando a los ex funcionarios iraníes acusados, tuvo su origen en la previa decisión de la Presidenta de "acercarse geopolíticamente a la República Islámica de Irán y restablecer relaciones comerciales plenas de estado a estado para aliviar la severa crisis energética argentina, mediante un intercambio de “petróleo por granos”". "Este acercamiento, que en sí mismo nada tiene de ilegal y está fuera de cuestionamiento, fue considerado inviable mientras subsistiera la acusación efectuada por la justicia argentina en la causa AMIA contra los ex jerarcas del régimen iraní. Entonces, para despejar el obstáculo, y he aquí lo delictivo, la Sra. Presidente ordenó desviar la investigación, abandonó años de un legítimo reclamo de justicia y buscó librar de toda sospecha a los imputados iraníes, contradiciendo su probada vinculación con el atentado. Decidió fabricar “la inocencia de Irán”", agregó Nisman. Las pruebas colectadas permitieron afirmar que "el gobierno puso en marcha un canal de comunicación paralelo entre Argentina e Irán a fin de transmitir e instrumentar las ordenes emitidas por la Presidente y, de ese modo, alcanzar los objetivos ilícitos. Este canal clandestino, que operó como una diplomacia paralela, estuvo integrado por funcionarios, ex funcionarios y otros sujetos, que ninguna vinculación guardaban con la función diplomática, pero que estaban estrechamente ligados al centro del poder de donde emanan las decisiones más trascendentales de la política argentina". "La calidad delictiva del encubrimiento necesitó contar con estos canales paralelos, no oficiales, como vías concretas, eficientes y confiables para avanzar con la impunidad de los acusados iraníes. La actividad de estos canales configuró, sin más, una diplomacia paralela de facto, que desde las sombras permitió llevar adelante el plan criminal, por expresas directivas y órdenes de la Sra. Presidente", señala el fiscal. En definitiva, "el gobierno instaló y se valió de una diplomacia para-estatal, integrada –cuanto menos- por personal de la Secretaría de Inteligencia, por el Diputado Nacional Andrés Larroque, por los dirigentes Luis D’Elía y Fernando Esteche y por el referente comunitario y nexo local del régimen iraní, Jorge “Yussuf” Khalil. Estos canales para-estatales transmitieron continuamente mensajes que partían de Cristina Fernández, pasaban por Andrés Larroque y/o por personal de la Secretaría de Inteligencia, luego por Luis D´Elía, para llegar inmediatamente a Jorge “Yussuf” Khalil, y de allí eran enviados a las autoridades persas, tanto al Encargado de Negocios en Buenos Aires como a altos funcionarios de Teherán. Y cada paso del plan, cada mensaje presidencial y cada avance, fue consultado y comunicado detallada y minuciosamente al prófugo Mohsen Rabbani, ex Agregado Cultural de la Embajada de Irán en Argentina para la época del atentado y cuyo poder decisorio, tanto en la comunidad iraní local como dentro del régimen, se ha mantenido incólumne hasta la fecha. Es decir, más allá de los intermediarios puestos por ambos estados, los encargados que idearon y llevaron adelante este plan criminal, terminaron acordando sus ilícitos objetivos no solo con el estado que protege al terrorismo sino con el principal acusado terrorista, Moshen Rabbani".
  10. La Justicia entrerriana resolvió liberar a Silvio Díaz, imputado por la muerte de un nene de 6 años, al que atropelló en junio a gran velocidad cuando ingresaba a una escuela de Paraná. Díaz -que admitió que había consumido alcohol y cocaína- arrolló también al hermano del chico muerto, de 11 años, que sufrió graves heridas. La Cámara de Casación Penal de Paraná revocó hoy la prisión preventiva que había sido dispuesta hace cuatro meses por la jueza de Instrucción Marina Barbagelata. El tribunal integrado por Hugo Perotti, Marcela Davite y Rubén Chaia entendió que el imputado no entorpecerá la investigación ni buscará escaparse. Díaz abandonará la Unidad Penal Número 1 tras el pago de una fianza y estará obligado a cumplir una serie de exigencias. Tendrá que presentarse una vez por semana en Tribunales y no podrá salir de su casa pasadas las 22. Tampoco deberá conducir ni consumir alcohol y drogas. Además tendrá que inscribirse en un programa para rehabilitarse de su adicción a la cocaína. En su declaración ante la Justicia Díaz admitió haber consumido alcohol y cocaína horas antes de atropellar a los niños frente a la puerta de la Escuela Del Centenario. Según informó la jueza Barbagelata, el Volkswagen Voyage conducido por Díaz había pasado un semáforo en rojo a 134 kilómetros por hora antes de chocar a tres vehículos y atropellar a los niños en la céntrica avenida Alameda de la Federación. La causa está caratulada como Homicidio culposo con dolo eventual, en tanto que el pedido de excarcelación de Díaz había sido rechazado inicialmente por Barbagelata en junio pasado. Eso motivó la apelación de su defensora. Bisel alegó que Díaz, por su condición de adicto, es una persona vulnerable. Y que debe ser tratada como “alguien que requiere atención y no como un sujeto peligroso”.
  11. El sistema de penitenciarías es una maquinaria que le cuesta al Estado más de 10.000 millones de pesos por año (sin contar al menos 10 provincias chicas que no revelan datos por "cuestiones de seguridad"). Cada preso federal cuesta $ 29.799 por mes y hay provincias como las de Santa Fe, Entre Ríos, San Luis y Mendoza en donde se gastan mensualmente entre $ 13.000 y $ 15.619 por recluso. En Neuquén se gastan por mes $ 29.765 por preso. Desde 2003 a 2012 aumentó en 18.000 el número de encarcelados hasta superar en todo el país la cifra de 70.000 presos. Sin embargo, a pesar de los millones que se invierten en las cárceles, la tasa de reincidencia de los presos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y de la Provincia alcanza el 46.5% según el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV), es decir que casi uno de cada dos presos vuelve a cometer delito. La corrupción en el manejo de miles de millones anuales en las cárceles es una hecho que se demuestra en el contraste entre los fondos asignados y las condiciones de las carceles y de vida de los guardia cárceles y de los presos. Una investigación del equipo de Clarín Data revela por primera vez la radiografía completa de todas las cárceles argentinas. Más de 250 prisiones del país forman el esqueleto que compone un mapa interactivo y con cientos de datos que se publica desde hoy en Clarin.com. Con herramientas de periodismo de datos, Clarín devela un trama oscura de robos y corrupción en las cárceles. El 64,8% de los presos del país no trabajan, el 78,2% no se capacitan y un 65% no estudian. En cambio, viven en condiciones miserables que son el caldo de cultivo para la formación de delincuentes más peligrosos. La mayoría de los presos del país, que fueron detenidos en general en situación de flagrancia por delitos de mediana gravedad y que en muchos casos son muy jóvenes (24% de los presos tiene entre 18 y 24 años según el informe 2013 publicado por el Ministerio de Justicia), entran a la prisión con poca experiencia delictiva y salen con verdaderas maestrías en violencia, crimen organizado y nuevos contacto con redes delictivas. En la Provincia, los datos de 2013 muestran que hay 33.166 presos a los que se dedicó un presupuesto de 3.952 millones de pesos, o $ 9.932 por mes por recluso. Sin embargo, el 64% no trabaja, el 75% nunca tuvo capacitación y el 60% no estudia (Ver informe en la página 38). La investigación sobre "Delito, marginalidad y desempeño institucional en la Argentina" del (CELIV), dependiente de la Universidad de Tres de Febrero, estableció que en el SPF y el Bonaerense el 50% de los reincidentes es detenido nuevamente antes de cumplir un año en libertad. La tasa de reincidencia es un certificado de fracaso del sistema. Según pudo registrar Clarín Data, en octubre de 2014, sumaban 43.488 presos, el 61.5% del total del país, solo entre el SPF y el Bonaerense. Aunque Provincia es el distrito con mayor presupuesto anual, no es donde se produce la mayor falta de correlación entre cifras exorbitantes de gasto mensual y resultados positivos. En el SPF hay 10.322 presos, pero con un presupuesto de 3.691 millones anuales y un gasto por persona de $ 29.799 la reincidencia alcanza el 30.3%. Es el dato ofcicia. Fuentes del SPF dijeron a Clarin Data que esa cifra superaría el 70%, medida correctamente. "Muchas veces se ingresa a la cárcel por delitos absolutamente menores, y este es el inicio de una carrera que después –sin apoyo del Estado– parece ser irreversible", dice Francisco Mugnolo, Procurador Penitenciario de la Nación. "La cárcel es un lugar donde se aprende a delinquir más y mejor", afirma Marcelo Bergman, director del CELIV, en la misma línea. La mayor tasa de reincidencia entre los principales distritos la muestra la provincia de Mendoza, con un 45,2%, en donde cada preso cuesta $ 13.809 . Allí, el 79% no trabaja, el 97% nunca se capacitó y el 68% no estudia. "Las cárceles están degradadas por un sistema de corrupción, maltrato y violencia", afirma Juan Manuel Casolati, Secretario de Ejecución Penal de la Defensoría de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, y conocido en medios judiciales porque la Procuración bonaerense lo sancionó con suspensión sin goce de sueldo por denunciar "de mal modo" las condiciones de detención en la provincia de Buenos Aires. "Hoy las cárceles funcionan gracias, o pese, al sistema de corrupción estructural que las sostiene", dice. "Estos problemas no tienen que ver con la falta de presupuesto ni de personal", admiten en la administración del Sistema Penitenciario Federal, que gobierna estas cárceles bajo la dirección de Emiliano Blanco desde que fue removido el cuestionado Victor Hortel –director en tiempos del Vatayón Militante y de las fiestas de disfraces en las cárceles– y tras un breve paso del "mano dura" Alejandro Marambio. El SPF tiene 12.132 agentes en actividad (entre oficiales y suboficiales) para atender una población de 10.322 presos. Se malgastan y roban millones de pesos por mes y las condiciones de vida dentro de las cárceles son infrahumanas. Lo denuncian organismos como la Procuración Penitenciaria de la Nación en el marco del Congreso, la Procuraduría de Violencia Institucional, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y distintas ONG del ámbito privado como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El trama de la corrupción atraviesa de punta a punto los sistemas penitenciarios. Y las conexiones con la política sobran. En el SPF, por ejemplo, existe un organismo llamado ENCOPE (Ente de Cooperación Penitenciaria) encargado de darle trabajo a los presos, que maneja un presupuesto de $ 419 millones, más del 10% del total. Al ENCOPE lo dirige de hecho Rubén Fernández Escobar, un militante de la Cámpora que opera como "jefe de ventas", "jefe de Comunicaciones" o "Presidente", según distintas fuentes del propio organismo que consultó Clarin Data. Fernández Escobar participó en actos de la Cámpora-San Cristobal, incluyendo uno el 2 de abril pasado al que asistió la Presidenta Cristina Kirchner. Las operaciones del ENCOPE (ver en página 39) incluyen movimientos de fondos tan absurdos como la compra de un barco pesquero para dar trabajo a los presos en la Patagonia. Clarin
  12. La AFIP suspendió las operaciones en el país de Procter & Gamble (P&G), una de las mayores empresas multinacionales que está en Argentina. Además, le solicitó a la Justicia que impida la salida del país de los directivos de la filial local de la empresa que comercializa marcas como Gillette, Duracell y Pampers. Es por la “sobrefacturación de importaciones por 138 millones de dólares”, según un comunicado que el organismo difundió hoy. Además, detectaron “diferencias entre las Declaraciones Juradas Anticipadas (DJAI) y las destinaciones de importaciones por otros US$ 19 millones”, afirmó la AFIP, que focalizó su investigación en “2.608 operaciones de importación de máquinas de afeitar, pañales y artículos higiénicos, principalmente”. En la misma gacetilla la Administración explicó que “estos productos importados que se 'sobrefacturaron' corresponderían a la excusa de incluir en el precio 'royalties' y demás 'gastos intercompanies' de publicidad y administración”. Y explicó que la mercadería provenía de Brasil pero las operaciones se triangulaban facturándose desde Suiza, con lo cual la firma “fugó divisas al exterior y ahuecó la base imponible del Impuesto a las Ganancias en la Argentina”. Como consecuencia, suspendieron preventivamente el CUIT y la inscripción en el registro de importadores y exportadores de P&G, lo que imposibilita a la multinacional a adquirir divisas en el mercado cambiario. La AFIP también fue a la Justicia. El 10 y 15 de octubre pasados presentó las denuncias en la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico Nº 2, a cargo de Emilio Guerberoff, y solicitó que se “impida la salida del país de los directivos de la filial local hasta tanto se resuelva la situación de la multinacional”, confirmaron en el ente recaudador. Además, notificaron de estas operaciones al Banco Central para que “avance con la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Penal Cambiaria”. Desde la multinacional aún no emitieron ningún comunicado, pero se espera que lo hagan durante el trasncurso del día. “Nuestro objetivo principal es que P&G reintegre al Banco Central las divisas fugadas y que pague las sanciones aduaneras y el Impuesto a las Ganancias evadido por la manipulación de los precios de transferencia”, dijo Ricardo Echegaray, titular de la AFIP. Según su propia página web, P&G se encuentra en más de 180 países donde comercializa alrededor de 300 marcas como Gillette, Pantene, Duracell, Ariel y Pampers. Fue una de las firmas que accedió a participar en el programa de Precios Cuidados que impulsa el Gobierno. Clarin
  13. Los chicos, que ya tienen bastante con la separación, pasan a ser rehenes de las viejas y nuevas disputas. Son usados para castigar al otro. Es un signo de este tiempo que esa extorsión se ventile en Tribunales. Sobre eso trata el documental “Borrando a papá”. La temática es usual. Lo inusual es el enfoque políticamente incorrecto: las dificultades que sufren papás a los que les impiden ver a sus hijos, sin haber cometido otro pecado que el de separarse. Se les plantan obstáculos en la Justicia para perjudicarlos y no hacer justicia. A esta altura conviene recordar que hay padres que no se ocupan de sus hijos y pretenden el derecho pleno de ser padres sin cumplir con el deber de mantenerlos. Y que hay padres de la peor calaña, golpeadores e incluso abusadores. Pero todos o algunos de esos horrores ocurren sin distinción de género. Aunque la proporción de violencia es indiscutiblemente mayor en los hombres, hay madres golpeadoras y hay madres que buscan mil y una manera de impedir la relación de los hijos con sus ex, incluso con denuncias falsas que valen como pruebas. El filme relata las secuelas de cinco divorcios, envueltos en una trama judicial kafkiana en la que los hombres van perdiendo contacto con sus hijos. Es una crítica a la Justicia de Familia y despertó la indignación de militantes, que aún sin haberla visto acusaron a la película de funcional a los padres golpeadores porque los presenta como víctimas. Lo extraño: el documental fue realizado por dos mujeres. Una de ellas, Sandra Fernández Ferriera, dice: “Hay una mirada sesgada hacia el hombre apenas ingresa al juzgado, que es muy diferente a la que existe sobre la mujer. Es el primer sospechoso”. Que quede claro: está hablando de lo que pasa en la realidad, según ella. No es un dato secundario que la película haya sido subsidiada por el INCAA, o sea por el Estado. Tampoco es secundario que el propio INCAA frenara después la exhibición bajo la presión de un lobby feminista de ONG y funcionarias y legisladoras, desde la izquierda hasta el macrismo. https://www.youtube.com/watch?v=Df1dsS9etZ4 https://www.youtube.com/watch?v=Df1dsS9etZ4
  14. Esta franquicia volverá en enero del 2015 a los cines con un Liam Nesson y su papel de agente retirado de la CIA que hace justicia por su propia mano. El planteamiento de la tercera resulta un tanto predecible, pero sin duda se trata de una saga que sigue funcionando. Veremos el resultado.
  15. La AFIP investigará al monotributista que hoy a la mañana compró, en remate judicial, la camioneta BMW que pertenecía al financista/"vallijero" Leonardo Fariña. Ocurre que quien se hizo del vehículo, Carlos Antonio Limeres, de 36 años y domiciliado en el barrio de Belgrano, figura en los registros de la AFIP como Monotributista caetgoría D, es decir que en teoría tiene ingresos declarados por 8.000 pesos por mes, o 96.000 pesos por año. Pagó por la camioneta 644.000 pesos. El vehículo había salido a remate con una base de 325.333 pesos. La AFIP por ahora no impugnó el remate, pero ya está investigando el origen de los fondos que puso Limeres para comprar la camioneta. "Haremos las investigaciones que correspondan, eventualmente lo obligaremos a recategorizarse o inscribirse en el regimen general de autónomos" dijeron fuentes de la AFIP. En el organismo recaudador admitieron que todavía no determinaron si Limeres compró por sí o para un tercero. De todos modos, en la AFIP señalaron que no estaban de acuerdo con el precio base del remate que fijó la justicia, ni con la oferta que resultó adjudicada. También les llamó mucho la atención que el comprador se haya retirado del remate manejando la camioneta que acababa de comprar y con el rematador, Ricardo Fronza, sentado en el asiento del acompañante. El monto recaudado en la subasta servirá para cubrir parte de la deuda que tiene Leonardo Fariña con el Fisco, que supera contando los intereses devengados al día de hoy los 32 millones de pesos", afirmaron la semana pasada los voceros de la AFIP a la agencia DyN. Luego del remate de la camioneta, el organismo pretende ejecutar también -con aval judicial- el resto de las propiedades que figuran a nombre del ex marido de la modelo Karina Jelinek, entre las que se encuentran autos y un campo de 3.600 hectáreas en Mendoza.
  16. Hace menos de un mes, Amado Boudou fue procesado en una causa judicial en la que se lo investiga por falsificar los documentos de uno de sus autos, un Honda modelo ‘93. Ahora se sabe que otros de los vehículos del vicepresidente, un Audi A4 del 2008, también está “flojo de papeles”, como se suele decir en la jerga del mercado de los usados cuando un coche tiene un origen sospechoso: ocurre que fue registrado e n un domicilio en el que Boudou no vivió jamás. Lo mismo había pasado con el Honda vicepresidencial. La información fue confirmada al portal Infobae por una de las miembros de la familia que es dueña de la casa de la calle Zado al 3200, la dirección a la que suelen llegar las boletas de las infracciones del Audi A4 que Boudou declaró como propio ante la oficina anticorrupción, pero que aparece inscripto de modo oficial en una propiedad de Villa Urquiza que él nunca habitó, y donde tampoco fue visto alguna vez. “Acá no vive Boudou. No lo conocemos. Cada vez que llegan boletas a su nombre las rompo”, declaró ayer a los medios la dueña de esa casa, Norma. Las palabras de esa vecina fueron corroboradas por canal 13: el auto de Boudou debe $ 24.640 de multas de tránsito. Y también adeuda casi 6 mil pesos de patentes. Esas dos cuestiones dejan en evidencia que no solo el vice no se habría ocupado de radicar su auto en algunas de sus muchas propiedades, sino que además muestran que tampoco se interesó en cancelar las deudas cuyas boletas no recibió por razones obvias. El Audi A4 es objeto de investigación en una causa judicial. A fines de junio, la novia de Boudou, Agustina Kämpfer, denunció ante la policía que le habían robado de ese mismo vehículo dos computadoras y un disco rígido. Cuando la ex periodista fue a declarar a tribunales, contó que ese auto, inscripto en Villa Urquiza, era utilizado más por ella que por su pareja, el vicepresidente. La información sobre las irregularidades en la radicación del Audi podrían ahora traerle nuevas complicaciones en la Justicia a Boudou. ¿Nunca supo que su auto estaba inscripto en un domicilio donde él nunca vivió? ¿Cómo es que pudo haber ocurrido una cosa así? El auto fue anotado en el Registro Automotor 47 de la Capital Federal. Para que haya sido inscripto en ese domicilio de Villa Urquiza, el dueño del vehículo debería haber demostrado de modo documental que estaba vinculado a la dirección de la calle Zado al 3200. ¿Puede Boudou haber sido víctima de un error administrativo que no descubrió hasta ahora? El juez Claudio Bonadío dijo haber comprobado que el vicepresidente ya falsificó los papeles de otro de sus autos, el Honda CRX Del Sol. Como en el caso del Audi, ese vehículo también fue inscripto en una casa ajena al vice: en ese caso, el coche quedó vinculado a una dirección inexistente. Por ahora, la Justicia no investiga el “caso Audi”. Boudou no hizo declaraciones al respecto.
  17. El gobierno de Barack Obama rechazó la denuncia que presentó la Argentina contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia por "violación de soberanía" de los tribunales estadounidenses en la disputa que nuestro país tiene con los fondos buitres y dijo que no se someterá a la jurisdicción de ese organismo, por lo que la fuerte apuesta argentina no tendrá ningún efecto. Un portavoz del Departamento de Estado dijo a Clarín: "Nosotros no consideramos a la Corte Internacional de Justicia como el foro apropiado para tratar los temas de la deuda argentina" y aclaró que Estados Unidos "continúa urgiendo a la Argentina a que negocie con sus acreedores para resolver las cuestiones que faltan con los bonistas". El gobierno de Cristina Kirchner había buscado ayer abrir un nuevo frente en la batalla judicial que sostiene con los fondos buitres y con la corte neoyorquina encabezada por el juez Thomas Griesa, al presentar ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una denuncia contra Estados Unidos porque, según entiende la Argentina, la justicia estadounidense había adoptado "decisiones que vulneran la determinación soberana" de reestructurar la deuda externa argentina. Pero si Estados Unidos no acepta la jurisdicción del Tribunal, el juicio no puede prosperar.
  18. Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy la condena a la ex ministra de Economía Felisa Miceli por el caso de la bolsa de dinero que se encontró en 2007 en el baño de su despacho en el Palacio de Hacienda, pero ordenó que se le fije una nueva pena. Miceli había sido condenada a fines de 2012 a cuatro años de prisión por "encubrimiento agravado" de una supuesta maniobra financiera ilícita, y "sustracción y ocultamiento de documento público". La Sala II de la Casación hizo lugar al pedido de la defensa de Miceli, al considerar que la pena no estaba fundada adecuadamente. "Que el delito que se le endilga no ha incidido en las arcas públicas y que, por lo tanto, la sola circunstancia de ser funcionario público es una acción desvalorada... no significa aplicar la agravante", pidió la defensa. El tribunal indicó entonces que la Justicia deberá expedirse nuevamente para dar otra condena a la ex ministra. lanacion.com
  19. Prueger, director de un instituto de criminalística de Neuquén, volcó sus conclusiones en un nuevo informe de las pericias realizadas del caso en su calidad de perito de la querella que encabeza Zulema Yoma. El 4 de agosto próximo presentará la documentación en un encuentro citado por el juez Carlos Villafuerte Ruso junto a los peritos judiciales del Instituto de Criminalística de la Universidad Nacional de Tucumán, integrado por investigadores del Conicet. Prueger recordó que los puntos más importantes de la investigación fueron analizados en la primera reunión convocada por el juez el 10 de junio pasado. Explicó que "lo concluyente de la pericia es que el helicóptero estaba en vuelo cuando recibió al menos cinco disparos de fusil" y lo pudieron determinar "con sólo el 15 por ciento de los restos de la máquina que se preservaron". "Estamos ante un caso de doble homicidio que se quiso tapar como su fuera un accidente", afirmó y dijo que "el solo hecho de tapar esto y mantenerlo como si fuera un accidente durante 19 años indica que lo querían matar simplemente". Destacó que "este caso siempre se discutió porque lo que se quería tapar era el asesinato de Carlitos y por ende el que iba con él, Silvio Oltra". Recordó que la causa hasta el momento está calificada como "accidente" pero "lo que esto esta determinando y lo que fue una reunión clave el 10 de junio pasado fue que reconocieron los peritos de la justicia que los disparos efectuados contra el helicóptero son oblicuos ascendentes y esto es lo mismo que decir que los hicieron desde tierra cuando el helicóptero estaba en vuelo". LOS DISPAROS Prueger aseguró que "los disparos los realizaron dos o más personas ubicadas en tierra tanto del lado derecho y del izquierdo en el momento en que tuvieron visión de la máquina". Rechazó que "Carlitos hubiera venido jugando con el helicóptero como se quiso hacer creer y por eso enganchó una línea de cables". "Lo que estaba haciendo -precisó- eran maniobras evasivas al recibir los impactos en el fuselaje del helicóptero con tan mala suerte que por la forma en que enganchó la línea no funcionó el corta cables de la aeronave". Aclaró que "su tarea ha sido sólo técnica" aunque planteó un interrogante en caso de que se profundice la investigación para determinar la autoría del hecho criminal al señalar que "quienes llevaron adelante esta acción tenían información muy precisa del vuelo que Menem Jr. iba a realizar ese día desde el aeropuerto de Don Torcuato". La caída del helicóptero se produjo el 15 de marzo de 1995 en la localidad de San Nicolás, a 230 kilómetros al norte de Buenos Aires y le costó la vida al hijo del ex presidente Carlos Menem y a Silvio Oltra. Zulema Yoma, querellante en la causa, afirmó siempre que su hijo fue víctima de un atentado lanacion.com
  20. Estados Unidos acusó hoy a cinco militares chinos de hackear sus compañías privadas, en un juicio que no tiene precedentes. Las acusaciones contra miembros del Ejército Popular de Liberación, marcan la primera vez que Washington demanda a funcionarios del estado chino por espionaje económico. La demanda marca una escalada en la disputa entre las dos mayores economías mundiales sobre el pirateo de información comercial, que se convirtió en una fuente de irritación frecuente en la ya compleja relación entre Washington con Beijing. El fiscal general, (ministro de Justicia) Eric Holder, se dispone a dar los detalles de las acusaciones contra los piratas informáticos acusado de irrumpir en las compañías norteamericanas para robar secretos comerciales. EE.UU. y China ya se han enfrentado largamente por estas custiones. Washington acusa a China de atacar a empresas norteamericanas y blancos gubernamentales. El gigante asiático dice, a su vez, enfrentar los mismos ataques. Entre las supuestas víctimas, figuran las empresas United States Steel Corporation, Alcoa Inc, Allegheny Technologies y un sindicato. (Fuente: Agencias)
  21. La Corte Suprema de Justicia ratificó que el conductor de un auto Audi TT que atropelló a gran velocidad y mató a dos jóvenes que iban en moto por la Avenida Rivadavia, en Floresta, seguirá preso hasta el juicio oral. El máximo tribunal rechazó intervenir en un planteo de la defensa de Lucas Alberto Trasancos, de 35 años, quien está procesado por el delito de "homicidio simple por dolo eventual". El caso ocurrió el 15 de setiembre pasado a las 5.32 de la madrugada, cuando Trasancos conducía su auto de alta gama "a gran velocidad, luego de pasar el semáforo en rojo de la intersección impactando contra la parte lateral izquierda del moto vehículo", según consta en el expediente. Como consecuencia del choque que ocurrió en avenida Rivadavia y Cuenca, murieron Jacobo Ramos, de 21 años, y Viviana Alvarez, de 25. Todas las instancias judiciales que intervinieron siguieron idéntico criterio, y en diciembre pasado la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal, confirmó que Trasancos debía permanecer detenido a la espera del juicio oral y público. Pero la defensa del imputado, quien lleva ya más de seis meses en la cárcel, llegó con su reclamo excarcelatorio hasta la Corte Suprema. En su último acuerdo, el tribunal, con las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay, rechazó la última apelación, lo que en los hechos significa que Trasancos continuará detenido hasta que el expediente sea elevado a un tribunal oral.
  22. La Sala II de la Cámara Federal decidió reabrir una investigación en su contra por enriquecimiento ilícito, tal como había pedido el fiscal Patricio Evers, y apartó al juez Norberto Oyarbide, quien había decidido archivar la investigación apenas con un informe de la Oficina Anticorrupción y luego se negó a la reapertura cuando se destapó el escándalo por su charla telefónica con Liuzzi para detener un allanamiento en la financiera Propyme. La causa quedó en manos del juez Luis Rodríguez, que ya investiga otras causas vinculadas. Para los jueces que integran la Sala II, Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah, la negativa de Oyarbide a reabrir la investigación fue "improcedente y carente de fundamentación", según el fallo al que accedió Clarín. Lo explicaron así: "Improcedente, por cuanto fácil es advertir que ya la inicial denuncia contenía datos concretos y suficientes como para dar impulso a una investigación". Esto es, según una investigación de Perfil.com, que llevó a la Justicia el abogado Ricardo Monner Sans en 2012, Liuzzi incrementó su patrimonio 38 veces entre 2003 y 2011. La denuncia también abarcaba el delito de negociaciones incompatibles. Oyarbide sobreseyó rápidamente a Liuzzi por ese último delito y archivó la parte referida al supuesto enriquecimiento. Luego del escándalo, el fiscal Evers pidió el desarchivo porque su requerimiento de instrucción solo se había concentrado en las negociaciones incompatibles. Oyarbide se negó de manera injustificada. Dijo que "era cosa juzgada". Por eso la Cámara lo apartó y decidió sortear la causa, que finalmente le tocó al juez Luis Rodriguez. A partir de ahora seguramente también quedará en la mira el patrimonio de la mujer de Luizzi, Thaiss Hidalgo, quien además es su jefa de Gabinete. Según reveló Clarín, en 2012, la mujer declaró un aumento patrimonial de un 163% por la compra de un departamento de 139 metros cuadrados, en el piso 42 de una torre de Puerto Madero, que costó más de 600 mil dólares. La mujer arrancó 2012 con $1.171.212 y finalizó con $3.087.019. Además, paga ABL por cuatro cocheras en ese edificio que no figuran en su declaración jurada. Tampoco declaró un departamento en Monroe al 3800 de 70 metros cuadrados, que compartía con su ex marido. Liuzzi también recibió una nueva denuncia a raíz de sus vínculos con la consultora Adconsa, del empresario Gustavo Benvenuto. Clarín reveló que fue contratada por Legal y Técnica desde 2006 hasta la fecha para informatizar el Boletín Oficial, entre otras reparticiones. Solo en 2009, habría ganado más de 29 millones de pesos, según declaró en un balance. La firma de Benvenuto comparte dos socios y el domicilio con una constructora de la mano derecha de Zannini. Los dos amigos -se conocieron jugando golf en el country "Los Lagartos" hace veinte años- además comparten un campo en Mendoza. La causa aún no tiene juez: le tocó a Oyarbide, luego a Ercolini y ahora debe definir la Cámara. A su vez, Liuzzi y Oyarbide ya fueron imputados por el fiscal Ramiro González en la causa que se investiga la comunicación telefónica entre ambos el 19 de diciembre pasado. También se investiga si policías de la DIFOC enviados por Oyarbide y su secretario Carlos Leiva le pidieron coima al dueño de Propyme, Guillermo Greppi. Ambas causas son investigadas por el juez Rodríguez. Clarin.com
  23. Una historia de terror. La Justicia rescató de su casa a una chica de 15 años que pesaba sólo 20 kilos. Pasó en un garage los últimos nueve años esclavizada y encerrada, con un perro y un mono, ingiriendo esporádicamente levadura de cerveza, pan y agua, y con un retraso madurativo producto de la inanición. Ahora está internada en un hospital. Una pareja de adoradores de "San La Muerte" que la tenía en guarda provisoria desde 2001 fue detenida bajo cargos de "reducción a la esclavitud y la servidumbre, lesiones graves y privación ilegal de la libertad", según lo dispuesto por la jueza María Gabriela Lanz, quien rechazó el pedido de excarcelación. El espeluznante caso se inició en 2001 cuando la madre biológica de la pequeña, madre de otros siete hijos y de situación social extremadamente humilde, la entregó -con intervención de un juzgado civil-, en "guarda provisoria" a la pareja, en esta Capital. Durante los primeros años hubo cierto contacto entre ambas familias, pero en 2005 se perdió el rastro de la chica e inexplicablemente nadie se interesó por su situación. Hasta que una hermana biológica cumplió 18 años y comenzó a buscar a su hermana menor, hoy de 15, a quien no venía desde hacía nueve años. Cuando halló el domicilio en el que suponía que estaba su hermana alertó a la Justicia sobre una situación irregular que aún desconocía, y la jueza Lanz inició una pesquisa que concluyó cuando fue allanada la casa de la pareja, donde los investigadores encontraron un cuadro que superaba cualquier umbral de espanto. La figura casi transparente de la niña contrastaba con la del mono, perfectamente alimentado, con un agregado: la pequeña describió al declarar en el sistema de Cámara Gesell que era castigada y golpeada incluso con cinturones por sus captores cuando comía las sobras que dejaba el animal. Durante los últimos nueve años, la víctima sólo salió del garage en dos oportunidades, según describió. En el allanamiento, los investigadores encontraron cientos de elementos que vinculaban a la pareja, ambos de unos 40 años de edad, con "San La Muerte", un ritual pagano rechazado por la Iglesia Católica. Fuente: DyN
  24. La Corte Suprema de Justicia dejó firme la pena de prisión perpetua para Marcelo Tomaselli, quien había sido condenado por matar a su pareja, Carla Figueroa, en 2011. El hombre había estado preso por violar a la joven, pero gracias a la figura del avenimiento -un perdón de la víctima que termina la causa judicial- se casó con ella y recuperó la libertad. Una semana después, la mató de 15 puñaladas. La condena quedó firme luego de que la Corte rechazara un último recurso interpuesto por la defensa de Tomaselli. La resolución lleva la firma de la vicepresidenta de la Corte, Elena Highton de Nolasco, y de los ministros Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Eugenio Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay. Tomaselli fue condenado a mediados por 2012 por el "homicidio calificado por el vínculo" de su esposa Carla Figueroa. Se había casado con la joven luego de que ella lo perdonase por haberla violado. Gracias a la figura penal del “avenimiento” Tomaselli salió de la cárcel y, una semana después, mató a Carla de 15 puñaladas. El caso, que ocurrió en La Pampa a fines de 2011, causó tal conmoción que forzó al Congreso a derogar la figura del “avenimiento”. A mediados de 2012, Tomaselli fue condenado por el crimen de Carla, pero tras sucesivas apelaciones llegó hasta la Corte.
  25. El juez federal Norberto Oyarbide sigue dando que hablar. Luego de admitir que suspendió un allanamiento a una "cueva" financiera tras recibir un llamado del segundo del secretario de Legal y Técnico, Carlos Zannini, ahora el excandidato a diputado por el Frente para la Victoria y referente de la agrupación K Carta Abierta, el filósofo Ricardo Forster, definió como "impresentable" el accionar del juez. "Impresentable. No tengo otra palabra que decir", dijo Forster en diálogo con el periodista Santiago Cuneo. Y agregó: "Cuando decimos reforma de la Justicia, hay que hacerlo sin doble sentido y sin caer en una inversión del cinismo. Reformar la Justicia significa que sean jueces que no tengan la discrecionalidad de hacer lo que vienen haciendo sistemáticamente". Días atrás, Oyarbide admitió ante la prensa que entregó un escrito a la Cámara Federal donde reconoció que había frenado un allanamiento que se estaba realizando en una financiera el pasado 19 de diciembre en la Recoleta cuando recibió un llamado del subsecretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Liuzzi. El allanamiento era uno entre otros 20 en una causa en que se investigaba supuesto lavado de dinero. Justificó su proceder diciendo que lo hizo para defender "su buen nombre y honor", ya que los policías Fabio Ascona y Ángel Castro, que participaban del allanamiento, le pidieron al dueño de Propyme – la "cueva" en cuestión – una coima de US$ 300 mil. También dijo que estaban usando su nombre para cometer "tropelías". clarin.com
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